Recientemente han salido a la luz pública los nombres de tres altos cargos de las administraciones.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, su Director General de ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla y el Ex-Conseller de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, Xavier Francesc Marimón. Los tres son bien conocidos por los animalistas y no precisamente por el interés demostrado en la defensa y bienestar de los animales. Cañete fue europarlamentario durante los años 1986 a 1999, formando parte del bunker protaurófilo en Bruselas capitaneado por Antonio Navarro -ambos del P.P.-, y nombrado ministro en abril del año 2000; Pérez Bonilla se incorporó al Ministerio en el año 1990 durante el anterior gobierno socialista; y Marimón fue el que más tiempo duró al frente de este importante departamento catalán. Ahora Arias Cañete se ve se ve involucrado en posibles incompatibilidades y Bonilla y Marimón en irregularidades cometidas en sus destinos políticos. 

Pérez Bonilla ha presentado la dimisión a Arias Cañete quien la ha aceptado y Marimón en una remodelación, después de las últimas elecciones catalanas, salió de Agricultura para ir a un retiro dorado, en Madrid, como senador. Ahora, en su calidad de aforado, habrá, si sigue adelante la denuncia de la fiscalía, de pasar por un largo proceso. Arias Cañete no dimite pero cada día es mayor la presión para que abandone el ministerio pues ha resultado tocado por todo el desarrollo de su gestión en el tema de las vacas locas.

Arias Cañete, según informa Interviú (n° 1293 de febrero 2001) tiene intereses, aparte de otras actividades mercantiles ajenas a los animales, en dos empresas del sector agrícola y ganadero y su esposa, una Domecq, posee una dehesa de toros.

Pérez Bonilla, a través de su familia, posee una fábrica de piensos en donde se utilizan harinas animales. Su nombre ya apareció públicamente, en tiempos de la ministra Loyola de Palacio con motivo del escándalo del cobro de subvenciones por el cultivo del lino. A Marimón se le imputan presuntos casos de prevaricación y malversación de fondos públicos por indemnizaciones irregulares durante la epidemia de la peste porcina que azotó la provincia de Lleida en donde tiene importantes intereses agrícola-ganaderos.

Viene a cuento recordar a Antonio Navarro, ex- europarlamentario durante un montón de años, defendiendo a ultranza las corridas de toros cuando él era propietario de una dehesa de reses bravas. La Ley sobre incmpatibilidades del año 1995, permite que los altos cargos sólo podran dedicarse a la administración del patrimonio, propio o familiar, "siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función". Queda claro la fragilidad de la gestión en quien desempeña esta función política y tiene que tomar decisiones, según su propia voluntad, que le pueden perjudicar o beneficiar. Podrá aducirse, también, que al ser personas conocedores del sector por sus previas implicaciones en la empresa privada, pueden llevar una gestión más acertada. 

Es muy difícil encontrar quien, de modo aséptico, pueda sentarse en la poltrona y que el fiel de la balanza resulte equilibrado en su actuación, sin inclinarla hacia el lado que más le favorezca. Lo que queda de manifiesto es que la simbiosis de político/empresario no funciona en beneficio de la colectividad. Mejor sería, pues, buscar, en quien tiene que administrar la cosa pública, personas -que también pueden sentirse atraídos por la labor política- con un potencial de gestión polivalente que cuando tengan que tomar decisiones, se rodeen de un buen equipo técnico de asesores. Su especialización sectorial es lo de menos. Lo vemos cada día en la empresa privada donde un baile de directivos valiosos van saltando de empresa en empresa sin tener en cuenta sus conocimientos de lo que se fabrica, distribuye o comercia. Y si la gestión fuese, además, política y trasparente, lo tendrían mucho más fácil.

Ong ADDA  -Enero/Junio 2001