El gobierno del PP, desde su llegada al Gobierno, ha derrochado esfuerzo, dinero y energía en proteger y promover las corridas de toros a toda costa. La prohibición de las corridas en Cataluña parece que, lejos de servir al Gobierno para reflexionar sobre las razones de quienes no apoyan la barbarie, sirvió para motivar aún más al equipo de Rajoy para blindar la tauromaquia.

Como si de la estrategia del caballo de Troya se tratase, el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, abrió dos frentes estratégicos, con el apoyo del sector empresarial taurino, cuya punta de lanza ha sido la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, la declaración de la tauromaquia como Patrimonio Histórico y el Plan Estratégico de Tauromaquia, Pentauro. Este ha sido el gran logro del ministro Wert, antes de dejar su cargo y partir al cementerio de los elefantes en el Congreso europeo. Ni cine, ni teatro, ni educación; Wert será recordado por los cuernos que puso a la cultura española para defender la continuidad de la tortura de los toros.

¡QUE LA FIESTA CONTINUE!

A pesar de que la sociedad española da grandes muestras de su rechazo al maltrato y tortura de los toros, el PP se ha empeñado en que la llamada fiesta nacional se perpetúe. En el año 2013, se presentó en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de promulgar una ley que regule y proteja la celebración de las corridas de toros. Una de las razones que Wert, el ministro propulsor de esta iniciativa, alegó para defender esta iniciativa avalada por 600.000 firmas es, además de los manidos y absurdos argumentos de siempre sobre el calibre estético y cultural de las corridas de toros, que: «Un 10 % de los españoles asisten a espectáculos taurinos, un porcentaje muy considerable tratándose de una manifestación cultural».

No obstante, la propuesta original de la ILP pretendía declarar los toros como Bien de Interés Cultural, para evitar que las comunidades autónomas, como ocurrió en Cataluña, los prohibieran. Pero se quiso ir más allá, y, finalmente, se planteó por parte del PP como Patrimonio Cultural Inmaterial, con el fin de que fuera avalado por la UNESCO, algo que legalmente es inviable.

El caso es que, de momento, tras la aprobación de la ILP en la Cámara baja, la proposición pasa ahora al Senado, donde se procederá al último trámite necesario para convertirla finalmente en ley. Los argumentos que se escucharon a favor de la aprobación de esta iniciática legal vinieron de la mano de senadores como Julián Lanzarote, que calificó los toros como un sector de «primera magnitud», además de instar a la «libertad y libre ejercicio» de cada uno para «dictaminar el futuro de la fiesta».

Por su parte, UPyD ha sido el partido clave que ha servido de llave para el empuje de la ILP, aunque con argumentos contradictorios, ya que por un lado ha acusado al PP y a CIU de utilizar políticamente este asunto. Pero por otro, su portavoz, Toni Cantó, ha asegurado que al PP «el sector de los toros le importa bien poco y menos el sector cultural». Según Cantó, la cuestión de fondo de esta iniciativa es «saber si los animales tienen o no derechos». Con ello, ha avanzado que apoyarán la declaración del toro como bien cultural, aunque eso sí, ha afirmado que UPyD no está de acuerdo con su subvención a través de fondos públicos.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA ILP

Los representantes de varios partidos políticos critican el planteamiento de la ILP, como en el caso de Montserrat Surroca, de CIU que comenta: «La iniciativa surgió para imponer los toros en toda España y en Cataluña», porque «pretende vaciar de contenido las competencias que han asumido las comunidades autónomas». La representante de CIU añade: «Me parece vergonzoso que sea esta la primera y única ley que hayamos tramitado en la Comisión de Cultura en esta legislatura».

Por su parte, Izquierda Plural opina que el PP ha presentado una enmienda a la totalidad y no queda nada del texto que avalaron con su firma medio millón de personas, a pesar de que el propio grupo del Gobierno votó a favor del texto de la ILP original.

Asimismo, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) mostraba su rechazo a esta ILP, a través de su representante, Alberto Bosch: «Estamos en Europa Occidental en el siglo XXI, la cultura de verdad tiene problemas y hay gente que lo está pasando mal para crear».

El senador del PSOE Jesús Martín censuró la iniciativa del gobierno, «totalmente distante a la ILP inicial», una ley «innecesaria» en los tiempos que corren, que pretende «posicionar a los españoles y enfrentarlos», y por lo que su grupo político iba a mostrarse neutral basándose en el «vive y deja vivir». No obstante, el grupo socialista se ha caracterizado por su trayectoria tibia y ambigua con respecto a su posicionamiento sobre el apoyo a una actividad en la que se tortura animales cuando está en la oposición.

EL PLAN PENTAURO: olé y olé

Para redondear la jugada de la ILP taurina, afinar la estrategia de mantener las corridas de toros a toda costa y evitar iniciativas de comunidades autónomas como la catalana, que cerraron la puerta a las corridas, el exministro Wert presentó a finales del año 2013, con la ayuda de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, el Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia,Pentauro. Tampoco fue casualidad el escenario de presentación de este plan elegido por el exministro: la Biblioteca Nacional, un icono de la cultura, para vendernos como arte la tortura de un animal.

Los hacedores del plan Pentauro consideran que: «Desde un punto de vista económico, la consideración de la tauromaquia como un conjunto de actividades generadoras de riqueza y empleo para la economía nacional habilita al Estado a proponer un plan para el fomento de estas actividades artísticas, creativas y productivas». Entre los objetivos principales figura fomentar y garantizar el libre ejercicio de la tauromaquia, actualizar mensajes y transmitir a la sociedad la trascendencia de sus valores y la vigencia de su cultura y, fundamentalmente, dotar a la tauromaquia de las medidas necesarias para su viabilidad económica.

PERO... LA POLÍTICA DE WERT NO CONJUGA CON LA REALIDAD 

Las últimas elecciones municipales y comunitarias no han sentado bien al mundo del toro: precontratos que no se cumplirán y subvenciones que no se darán.

Y es que los nuevos partidos o las coaliciones a que se han visto obligados están cambiando el panorama, y se empieza a escuchar el sentir de la mayoría ciudadana en contra del maltrato y la crueldad de las corridas de toros.

El Ayuntamiento de Madrid con su nuevo mandato no destinará ni un euro para las corridas, algo que supone un giro radical con la política protaurina de Esperanza Aguirre. Galicia, que no ha sido proclive a las corridas y si se han celebrado ha sido a base de subvenciones y con una amplia mayoría en su contra capitaneada por la plataforma «Galicia Mellor Sen Touradas», ya ha visto hecha realidad una de sus aspiraciones, pues el ayuntamiento regido por Marea Atlántica —lo llevaba en su programa electoral— ya ha suspendido su, antes, programada feria taurina. En la isla de Mallorca, ya se ha añadido Mancor del Vall a la lista de diecisiete poblaciones declaradas antitaurinas, y el ayuntamiento de Palma de Mallorca tiene en estudio su supresión. En la Comunidad Valenciana, donde los cambios políticos han sido muy importantes, hace ya tiempo que han existido numerosas protestas en contra de la crueldad con los animales; poblaciones como Gandía, Alcira —con sus Bous al Carrer—, L’Horta, Xàtiva, Aldaia y el mismo Alicante retiran las subvenciones y ayudas públicas y prevén retirar las corridas de toros para el año 2017. En Huesca, su ayuntamiento estudia consultar a su ciudadanía por su continuidad.

Diciembre 2015