La Administración Central ha otorgado ayudas a los taurinos por valor de 2.500 millones de pesetas, con el fin de paliar la crisis generada en el sector a causa de la expansión de la enfermedad de las vacas locas. Esta vergonzosa subvención un sector privado obliga a todos los españoles a financiar la tortura y muerte del toro.

Las ayudas, que se producen como compensación a los colectivos taurinos por incinerar a los astados después de la corrida y, por lo tanto, no comercializar la carne de toro de lidia suponen una nueva e intolerable ayuda a la mal llamada “Fiesta Nacional”.

Así pues, la administración se doblegó ante la amenaza de huelga de los taurinos, que aseguraron que cancelarían indefinidamente todos los festejos. El resultado fue la rápida obtención de 2.500 millones de pesetas con los que subvencionar el transporte e incineración de los animales y todos los festejos taurinos del Estado. Las ayudas, según el subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, oscilarán entre 30.000 y 40.000 pesetas por la retirada de cada toro y una media de 300.000 o 400.000 pesetas, que recibirá el empresario para “garantizar la viabilidad económica de los festejos”. Una compensación que goza, además, de carácter retroactivo, por lo que los festejos celebrados a lo largo de todo el mes de julio de 2001 se benefician de estas ayudas. El sector se quejaba de que las pérdidas de las empresas taurinas podrían cifrarse, según la situación que sus representantes presentaron en sus reuniones con los ministerios de Agricultura, Sanidad e Interior, en más de 2.000 millones de pesetas. Argumentaban que los festejos que se celebran en las plazas menores se verían en serio peligro de desaparecer, debido a que el beneficio de estas “celebraciones” depende en un 50% de la venta de carne.

El animal lidiado muere en un gran shock, y debido a ello su carne se estropea rápidamente, por lo que tiene que ser descuartizado de inmediato para su envío a los mercados. Esto impide que la carne de toro de lidia pueda ser puesta a la venta sin ser antes sometida a los “test priónicos”, tan temidos por los ganaderos, con el fin de determinar con certeza si los animales muertos padecían la enfermedad y pueden, por lo tanto, transmitirla a la cadena alimentaria. Si apareciera un “toro loco” habría que sacrificar, entonces, a todos los de su ganadería.

Las negociaciones también sirvieron para abordar otras reclamaciones de los responsables de los espectáculos taurinos. Se llegó a un primer acuerdo para crear una Comisión Nacional Taurina que aborde todos los temas relacionados con los toros. Según Jaime Sebastián de Erice, portavoz del mundo del toro, se ha alcanzado un compromiso con el Ministerio de Interior para comenzar un debate sobre el nuevo marco ideal en que debe situarse la “fiesta”. Quizás sea ésta una nueva forma de prepararse ante las crecientes protestas del sector animalista.

Esta vergonzosa asignación de dinero público a un sector privado cuyos beneficios repercuten tan sólo en unos pocos, ha recibido un alud de críticas por parte del resto de los agricultores y ganaderos. Un portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) declaró no entender el porqué de una compensación tan espléndida a un sector que ya recibe de la Unión Europea “primas por valor de 8.500 millones de pesetas en concepto de pérdida de renta”. El conjunto de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) recalcaron el “agravio comparativo que supone el pacto con respecto al resto de los propietarios de cabaña bovina, igualmente afectados por el mal de las vacas locas”. Una enfermedad resultado de tratar a los animales como meras máquinas productivas. Los abusos del hombre para rentabilizar beneficios han conducido a la aparición de salmonelosis, infecciones, dioxinas, inmunidad a los antibióticos, y, ahora, vacas locas. Es la respuesta de la naturaleza a los métodos utilizados por el hombre durante la cría intensiva del animal. Una vida triste, cruel y absolutamente falta de sus mínimas necesidades biológicas.

Esta ayuda que está dispensando la Administración a los colectivos taurinos obliga a todos los españoles a financiar de su bolsillo el lamentable espectáculo de la tortura y muerte de un animal. ¿No es ya suficiente que se permita esta abominación? ¡Ahora el Estado también la subvenciona y apoya!. En España existen muchas deficiencias sociales, educativas, sanitarias, de vivienda y empleo, a las que sería más necesario, y resultaría menos inmoral, dedicar el dinero que pagamos los contribuyentes. Dada por supuesta la falta absoluta de subvenciones a las asociaciones de protección y bienestar animal, que quedan excluidas del 0,4 % de las declaraciones de renta.

Un negocio particular debe sustentarse en el concepto de pagos e ingresos. Sugerimos por tanto a los empresarios taurinos que repercutan en las entradas en incremento de los costes.

Ong ADDA  -Enero/Junio 2002