En el año 1991, la Ley canaria de Protección Animal optó por dar un paso decisivo en la nueva etapa democrática, prohibiendo las corridas de toros en todo el territorio canario aunque, lamentablemente, se mantuvo la cruel actividad de las peleas de gallos. La ley, que ya había sido impulsada por el diputado Miguel Cabrera Pérez-Camacho en 1989 y según él mismo ha recordado cuando era miembro de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI),«no llegó a prosperar y un año después volvió a ser presentada a través de una iniciativa legislativa popular que fue respaldada por 25.000 firmas recogidas». Con este respaldo el gobierno de Canarias tramitó el proyecto de ley que finalmente fue presentado por el Partido Popular, resultando aprobado el día 17 de abril de 1991. En el redactado del artículo cinco dejó expresamente recogida la prohibición de: «la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento».

En esta ocasión, la nueva Ley de Protección de los Animales en Canarias, según reflejaba un artículo del diario El País, fue encajada con bastante indiferencia: «Diversas asociaciones representativas del mundo taurino se mostraron anoche indiferentes ante la nueva ley canaria…». Quedó muy claro que en aquella ocasión el lobby taurino/político no recurrió al truco de las especulaciones fantasmagóricas de conspiraciones independentistas, tal y como había hecho poco tiempo antes con la Ley de Protección catalana, seguramente porque quien había presentado la ley era el propio Partido Popular.

Pero, evidentemente, aunque más disimulado, había añadido un factor de preocupación en el ambiente taurino con el futuro de las corridas de toros que, hasta aquel mismo año, se habían desenvuelto bajo la normativa del último «Reglamento de Espectáculos Taurinos», aprobado durante el franquismo en el año 1962. Cuando planeaba la inminente aprobación de la nueva ley canaria, desde el mismo gobierno de Madrid se tramó la estrategia de reforzar legalmente y de forma acelerada que las corridas de toros fuesen elevadas al rango de ley. Paradójicamente fue un ministro socialista, el entonces ministro, José Luís Corcuera, quien se apresuró a poner hilo a la aguja, encargando precipitadamente el redactado de la Ley sobre Potestades Administrativas en materia de espectáculos taurinos que él mismo bajo las competencias de su cargo iba a promover. El ministro, gran aficionado y según propias declaraciones «novillero frustrado», advirtió que el soporte legal —refiriéndose al reglamento— era «dudoso» y que debía cambiar con rapidez pero «sin hacer demasiado ruido, porque no es bueno que los ecos lleguen a los que, dentro y fuera de España, se manifiestan en contra de la fiesta». Inmediatamente encontró las complicidades políticas necesarias para apresurar su aprobación, que tuvo lugar el 4 de abril de 1991, adelantándose en tres semanas a la ley canaria.

Con esta aprobación parlamentaria, España se convertía a finales del siglo XX en el único país del mundo en el que «sus señorías» votaban a favor de regular por ley el espectáculo público de torturar a un animal; derogando, de paso, el real decreto vigente desde el año 1929 que prohibía la entrada a los menores de 14 años.

Con todo y con ello una parte del sector taurino no encontró del todo satisfactorio el nuevo redactado de la normativa y un representante de la Federación Nacional Taurina llegó a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en disconformidad por la disposición adicional que establecía que la «ley será de aplicación general en defecto de las disposiciones específicas que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en la materia».Es decir, que la cláusula equivalía a respetar las competencias y las decisiones de cada autonomía al respecto. El mismo representante taurino, solicitaba, asimismo, el arbitraje del rey en el tema. El objetivo se centraba en conseguir que fuese retirada la citada cláusula para dejar invalidada la prohibición de Canarias y cualquier otra tentativa abolicionista. Sin embargo, el recurso no prosperó (fragmento: Tauromaquia, el mal cultural).

Ong ADDA   -Diciembre 2016