CAPTURA Y COMERCIO DE NUESTROS PÁJAROS FRINGÍLIDOS -Guillem Chacón Cabas

La caza de aves en el Estado es­pañol, es una práctica que pese a toda su carga de ilegalidad, cobra el carácter de «tradicional», efec­tuándose sobre todo tipo de espe­cies. Los métodos de caza son muy numerosos y los puede practicar cualquiera, no sabiendo diferenciar en la gran mayoría de los casos, ni siquiera qué especies están protegi­das de las que no lo están. Los ca­zadores no tienen que pasar para la obtención de sus permisos, por nin­gún examen y una vez en el monte capturarán y matarán todo lo que se les antoje, puesto que la vigilan­cia es muy insuficiente.

De todos los métodos de captu­ra, destaca uno por la cantidad de personas que lo practican, es el de los «pajareros», dirigido a las aves más pequeñas, buenas cantoras y adaptables por su alimentación a la vida en cautividad, se trata de la fa­milia de los fringílidos (jilgueros, verderones, pinzones, etc.). En nuestro territorio suman casi un cuarto de millón de personas que se dedican a su captura. Si todos ellos respetaran la legislación vigen­te, que limita el número de captu­ras a 10 aves diarias por licencia, es­taríamos hablando de unos 62 mi­llones de aves por temporada (Revista Quercus, n.° 50). Ahora bien, ornitólogos del Centre Cáta­la d'ornitología han comprobado en diferentes comarcas de Catalu­ña que sólo un 35 % de los «paja­reros» respetan la normativa legal. Siendo el número de aves captura­das, corresponde a especies insec­tívoras, estrictamente protegidas y que en excepcionales ocasione son retornadas a la naturaleza, acaban­do por lo general como «pajaritos fritos» de los bares o simplemente abandonadas muertas en el suelo.

El principal método de captura son las redes abatibles que se instalan en el suelo y hacia las cuales se atraen entre otros los bandos mi­gratorios de pardillos y jilgueros, mediante abrevaderos, arbustos atractivos, algunas aves enjauladas y otras atadas de manera que pue­den efectuar cortos movimientos. Sin embargo en el País Valenciano y Cataluña aún se permiten méto­dos ilegales como la liga, redes japonesas y las altamente perjudicia­les «barracas», destinadas a la caza de tordos. Esta triste realidad se encuentra muy lejana a la del resto de Euro­pa, donde ningún estado miembro de la CE permite la caza de fringí­lidos. Es más, desde la promulga­ción del Real Decreto 1095/89 del 8 de septiembre de 1989, que pro­híbe estrictamente esta actividad en el Estado Español, no se han lleva­do a cabo ninguno de los reglamen­tos correspondientes que permitan su utilización práctica.

Podemos afirmar que la vigilan­cia sobre las continuas ilegalidades, en el momento de la caza o de la venta es prácticamente nula. De esta manera es tan alto el vo­lumen de pájaros capturados en te­rritorio español que no sólo nutre sobradamente al mercado interior, sino que también son exportados a otros países europeos en los que está prohibida la captura de aves silves­tres. Se trata de un comercio principalmente ilegal duramente perseguido en los países de destino, mucho mas sensibilizados que el nuestro. En general los penosos destinos de nuestras aves pasan desa­percibidos a los controles interna­cionales, muriendo una buena parte de ellas a lo largo de proceso, entre la caza, transporte y venta.

Un ejemplo de ello lo constituye la incautación en Holanda, en 1989, de una partida de jilgueros proce­dentes de España. Las aves estaban destinadas a la venta al por menor, en un total de 451 ejemplares, lo que supone 2.255.000 pesetas, al precio que tiene el jilguero vivo en el mer­cado negro holandés: unas 5.000 pe­setas según la Sociedad Holandesa para la Protección de las Aves (NVBV). La rápida actuación de la policía de Amberes, permitió el requisamiento de los jilgueros y su posterior devolución al país de ori­gen para que fueran puestos en li­bertad. Una vez retornados a Espa­ña la ágil actuación de la Sociedad Española de Ornitología permitió que sólo dos horas después se encontraran a salvo, para ser libera­dos en la Casa de Campo de Ma­drid. Un año antes ocurrió lo mismo en Barcelona, pero la lenta burocracia de aduanas ocasionó la muerte, en el aeropuerto del Prat, de un 50 % de las aves, 250 jilgueros y verdeci­llos (revista La Garcilla, n.° 74).

En definitiva, poco se puede ha­cer si no se cumplen o se hacen cumplir las normativas legales. De todas formas, es necesario denun­ciar efectivamente cada caso parti­cular conocido y hacerlo saber, ade­más, a las entidades que dedican su esfuerzo a la defensa de las aves, para que ellas puedan presionar con soluciones efectivas.

Ong ADDA   Enero/Marzo 1992