Sólo es necesa­rio dar un repaso por nuestro fondo documental para constatar que quié­nes debían dar ejemplo en el cum­plimiento de lo legislado en la Ley de Caza y de Conservación de los Espacios Naturales, muy a menudo aparecen involucrados en hechos de flagrantes infracciones.

Francisco Vázquez Sell, direc­tor del Instituto Andaluz de Re­forma Agraria, IARA, fue destitui­do de su cargo por organizar y par­ticipar en una cacería, en Sierra Morena, en la que, además, partici­paron altos cargos de la Junta, que acabó con la muerte de 200 ciervas, la mayor parte de ellas preñadas. Se da la circunstancia, paradójica, que el IARA tiene en Andalucía ¡la competencia del control de la caza!

Leopoldo Virosca, vicepresidente del Parlamento Regional de la Rioja, fue detenido por la Guar­dia Civil mientras cazaba furtivamen­te en compañía de un conocido industrial riojano, cuyo nombre no se dio a conocer, en un parque natural de Zenzano, lugar que, precisamen­te, él mismo ¡había propugnado su declaración como espacio protegi­do! Más tarde se vería forzado a di­mitir de su cargo político.

Altos cargos de la administración, magistrados y empresarios, despa­charon, a finales de 1991 en una montería ¡legal, 65 ciervos y 15 ja­balíes en un coto del Parque Natu­ral de Despeñaperros (Jaén). El ad­judicatario del coto era Pedro Cantudo, inspector de Hacienda de Santa Elena, que no poseía licen­cia para organizar cacerías por la Agencia de Medio Ambiente, AMA, de la Junta de Andalucía. La Guar­dia Civil, a requerimientos del con­servador del parque José Luis Sán­chez, consultó su celebración, horas antes, a sus superiores del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, obteniendo la respuesta de que "no impidieran la cacería".

Jaime Botín, presidente de Bankunión, fue sancionado a pagar una multa de 15.199.392 pesetas por el gobierno de Castilla-La Man­cha por la muerte de un águila im­perial en la finca que posee en Viso del Marqués (Ciudad Real). Lo que no se podía prever es que el animal, o su cadáver, sería fácilmente loca­lizado, pues la rapaz, de siete me­ses, iba anillada, provista de un radiotransistor y era seguida por los técnicos del Plan de Recuperación del Aguila Imperial. Su muerte se produjo a causa de «un cepo utili­zado sin autorización».

Si políticos y magnates aparecen en esos escandalosos hechos relatados, ¿qué ocurrirá con el furtivo de "alpargata"? ¿Cómo puede pedirse solidari­dad y ejemplaridad en el cumplimien­to de las leyes cuando falla la puesta en práctica y acatamiento de unas legislaciones, ya de por sí tolerantes y permisivas con quienes con más énfasis deberían dar ejemplo?

Ong ADDA  Enero/Marzo 1992