
Captura y comercio de nuestros pájaros fringílidos- Guillem Chacón Cabas
CAPTURA Y COMERCIO DE NUESTROS PÁJAROS FRINGÍLIDOS -Guillem Chacón Cabas
La caza de aves en el Estado español, es una práctica que pese a toda su carga de ilegalidad, cobra el carácter de «tradicional», efectuándose sobre todo tipo de especies. Los métodos de caza son muy numerosos y los puede practicar cualquiera, no sabiendo diferenciar en la gran mayoría de los casos, ni siquiera qué especies están protegidas de las que no lo están. Los cazadores no tienen que pasar para la obtención de sus permisos, por ningún examen y una vez en el monte capturarán y matarán todo lo que se les antoje, puesto que la vigilancia es muy insuficiente.
De todos los métodos de captura, destaca uno por la cantidad de personas que lo practican, es el de los «pajareros», dirigido a las aves más pequeñas, buenas cantoras y adaptables por su alimentación a la vida en cautividad, se trata de la familia de los fringílidos (jilgueros, verderones, pinzones, etc.). En nuestro territorio suman casi un cuarto de millón de personas que se dedican a su captura. Si todos ellos respetaran la legislación vigente, que limita el número de capturas a 10 aves diarias por licencia, estaríamos hablando de unos 62 millones de aves por temporada (Revista Quercus, n.° 50). Ahora bien, ornitólogos del Centre Cátala d'ornitología han comprobado en diferentes comarcas de Cataluña que sólo un 35 % de los «pajareros» respetan la normativa legal. Siendo el número de aves capturadas, corresponde a especies insectívoras, estrictamente protegidas y que en excepcionales ocasione son retornadas a la naturaleza, acabando por lo general como «pajaritos fritos» de los bares o simplemente abandonadas muertas en el suelo.
El principal método de captura son las redes abatibles que se instalan en el suelo y hacia las cuales se atraen entre otros los bandos migratorios de pardillos y jilgueros, mediante abrevaderos, arbustos atractivos, algunas aves enjauladas y otras atadas de manera que pueden efectuar cortos movimientos. Sin embargo en el País Valenciano y Cataluña aún se permiten métodos ilegales como la liga, redes japonesas y las altamente perjudiciales «barracas», destinadas a la caza de tordos. Esta triste realidad se encuentra muy lejana a la del resto de Europa, donde ningún estado miembro de la CE permite la caza de fringílidos. Es más, desde la promulgación del Real Decreto 1095/89 del 8 de septiembre de 1989, que prohíbe estrictamente esta actividad en el Estado Español, no se han llevado a cabo ninguno de los reglamentos correspondientes que permitan su utilización práctica.
Podemos afirmar que la vigilancia sobre las continuas ilegalidades, en el momento de la caza o de la venta es prácticamente nula. De esta manera es tan alto el volumen de pájaros capturados en territorio español que no sólo nutre sobradamente al mercado interior, sino que también son exportados a otros países europeos en los que está prohibida la captura de aves silvestres. Se trata de un comercio principalmente ilegal duramente perseguido en los países de destino, mucho mas sensibilizados que el nuestro. En general los penosos destinos de nuestras aves pasan desapercibidos a los controles internacionales, muriendo una buena parte de ellas a lo largo de proceso, entre la caza, transporte y venta.
Un ejemplo de ello lo constituye la incautación en Holanda, en 1989, de una partida de jilgueros procedentes de España. Las aves estaban destinadas a la venta al por menor, en un total de 451 ejemplares, lo que supone 2.255.000 pesetas, al precio que tiene el jilguero vivo en el mercado negro holandés: unas 5.000 pesetas según la Sociedad Holandesa para la Protección de las Aves (NVBV). La rápida actuación de la policía de Amberes, permitió el requisamiento de los jilgueros y su posterior devolución al país de origen para que fueran puestos en libertad. Una vez retornados a España la ágil actuación de la Sociedad Española de Ornitología permitió que sólo dos horas después se encontraran a salvo, para ser liberados en la Casa de Campo de Madrid. Un año antes ocurrió lo mismo en Barcelona, pero la lenta burocracia de aduanas ocasionó la muerte, en el aeropuerto del Prat, de un 50 % de las aves, 250 jilgueros y verdecillos (revista La Garcilla, n.° 74).
En definitiva, poco se puede hacer si no se cumplen o se hacen cumplir las normativas legales. De todas formas, es necesario denunciar efectivamente cada caso particular conocido y hacerlo saber, además, a las entidades que dedican su esfuerzo a la defensa de las aves, para que ellas puedan presionar con soluciones efectivas.
Ong ADDA Enero/Marzo 1992
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