Redacción.—La Junta de Castilla y León ha subvencionado un programa para enseñar a cazar a alumnos de entre siete y doce años de colegios públicos. Para ello se ha creado una campaña bautizada con el nombre de «Cazador por un día», después de llegar a un acuerdo con la Federación de Caza en noviembre de 2010, presidida por un exmilitar, y al que por cierto, ya se han destinado 300.000 euros, olvidando la crisis actual. A fin de potenciar más la campaña de la federación de cazadores, la Junta ha realizado un vídeo sobre la caza que pretende exhibir en los colegios y ha anunciado que se va a dirigir a las asociaciones de padres y madres de la región para explicarles los beneficios de ser «cazador por un día». Contempla clases teóricas y jornadas prácticas, con lo que se supone que los niños entran en contacto con las armas, hecho que ya ha sido denunciado por los grupos animalistas.

Bambi

Justifican los cazadores la conveniencia de estas clases de caza como un antídoto a lo que, según ellos, es el proceso educativo basado en la cultura de Bambi, en la que al niño se le dice que los cazadores son malos y los ciervos buenos, sin dejar de fustigar a los medios de comunicación por la «intoxicación informativa generalizada contra esta actividad». Y es que como saben, al igual que con las corridas de toros, la caza cada vez tiene menos relevo generacional, agravado por normas cada vez más restrictivas como son las licencias de caza para menores. El grupo «Ecologistas en Acción» de Castilla y León también lamenta profundamente que se emitan medidas similares en su comunidad y explica en un comunicado que esas clases para escolares contribuyen a educar a los niños en el cruel hábito de matar por diversión. Los ecologistas cuestionan también el carácter ambiental y educativo del que la Junta reviste este apoyo económico a los cazadores. Y mientras se subvenciona una actividad violenta, la Junta retira las subvenciones a más de 250 actividades de educación ambiental, que eran gestionadas a través de convenios firmados con asociaciones culturales, colectivos de ciudadanos y ayuntamientos de la región, despidiendo a la mayoría de los técnicos de Medio Ambiente, que habían sido contratados para estas actividades.

Licencias y menores

La legislación que regula el uso de armas a nivel estatal entra en contradicción legal con los planes de la Junta. En el Real Decreto 137/1993, se especifica que los menores podrán usar, con la autorización especial para menores, AEM, que expide la guardia civil, escopetas de caza una vez cumplidos los catorce años, y si son acompañados de un mayor de edad, norma que permite que los menores a partir de dieciséis años puedan usar rifles de caza, bajo supervisión de un mayor de edad. Hoy en día, más de 13.000 menores de entre catorce y dieciocho años cuentan con la licencia de armas, según datos de la Federación de Caza. Imposible no recordar el reciente incidente relacionado con una escopeta, del hijo de una infanta de España, que resultó herido en un pie al manipular, supuestamente, una escopeta de caza en Soria.

La caza en España mueve mucho dinero e implica, de una manera u otra, a un numeroso colectivo. Así, la Real Federación de Caza estima que esta actividad mueve cada año más de 2.230 millones de euros en el estado español, aunque otros informes elevan la cifra a 3.580 millones. Castilla y León es la tercera comunidad en número de licencias, aunque la bajada en los últimos años es generalizada. Según datos del Ministerio de Agricultura, el número de licencias de caza en el año 1990 ascendía a 1.443.514; ha descendido a menos de 800.000 en este año 2012.

La ley de caza de Galicia

La vecina Galicia no quiere quedar desplazada del pastel y su Xunta está preparando una ley de caza que rebajará de los dieciséis a los catorce años la edad mínima para obtener la licencia de rifle, y así fomentar y crear afición en este cruel negocio entre los menores, en concordancia con lo que se esgrime en su vecina Junta de Castilla León: que la medida es necesaria para «asegurar el relevo generacional». Una plataforma de treinta organizaciones sociales, culturales y ecologistas gallegas, denominada «Matar por matar non», denuncia que estas medidas suponen un desgraciado retorno a la caverna y, por supuesto, una grave contradicción frente a la defensa de una educación no bélica y de respeto con el entorno.