Deyecciones de cerdos (purines) en España

ADDAREVISTA 58

La España rural y los purines de los cerdos

Jordi Gispert

 

El modelo de ganadería intensiva industrial aumenta exponencialmente sus instalaciones y provoca serios daños al medio ambiente, a los animales y a la salud pública.

España es ya el tercer productor de carne de cerdo del mundo, sólo por detrás de los Estados Unidos y de China. El consumo de productos cárnicos ha venido creciendo también paulatinamente desde la segunda mitad del siglo XX, con un ligero repunte a la baja desde 2002. En 2013 cada persona comió una media de 94kg de carne al año, gran parte de ella de cerdo, lo que supone 257 gramos por jornada, una cifra que está muy por encima de la tasa recomendada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su informe de 2015, que situaba un límite saludable de 54 gramos por persona y día. El consumo tiende al descenso mientras que la producción se multiplica a un ritmo vertiginoso. Desde 1961 la industria de la carne de cerdo ha aumentado en un 1550%.  El estado español es pues el primer productor europeo de porcino, con una cabaña total de 30,1 millones de cabezas según el último estudio de la Oficina de Estadística Comunitaria (Eurostat), seguido por Alemania (27,6 millones), Francia (13,1 millones), Holanda (12,3 millones) y Polonia (11,9 millones). Las ventas a China, el principal cliente y número uno mundial en importación, han venido incrementándose. En la sombra y sin hacer ruido, no obstante, una amenaza acecha una de las industrias más lucrativas y cada vez más concentradas. El gran país asiático halló nuevos y más baratos lugares de producción en tierras africanas, concretamente en Senegal, y los grandes productores temen consecuencias, así que se dan prisa por crecer en números y en beneficio inmediato, para aprovechar el máximo tiempo posible este caramelo económico tan propicio todavía. Una aceleración apoyada por empresas y administraciones, que, ahogada en montañas de billetes, no es capaz de vislumbrar el devastador paisaje que deja a su alrededor. El modelo de producción industrial, intensivo e integrado ha contaminado ya en suma manera agua, aire, suelo, flora y fauna, y ha dejado en un umbral invisible las garantías de bienestar animal y de salud humana. Todo esto, sin que el desastre ecológico derivado haya suscitado un mínimo interés en los medios de comunicación, muchos de ellos, no hace falta ni decirlo, al servicio de grandes empresas o de administraciones con intereses muy suculentos, la mayoría, con las manos manchadas de purín.

 

Las consecuencias para el medio

La industria agroalimentaria en general representa más de un 30% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Según un informe de Greenpeace “La insostenible huella de la carne en España” en 2015 fue la responsable de la emisión de 86 millones de toneladas de dióxido de carbono (básicamente por transporte de purines, piensos y animales de la granja al matadero), del 94% de las emisiones de amoníaco, y del consumo de 48.000 millones de metros cúbicos de agua que representa el volumen que gastarían los ciudadanos de todo el estado en 21 años. Se estima que un sólo cerdo, en esas condiciones, consume en sus pocos meses de vida, más de 5.000 litros de agua, genera 2.150 litros de desechos, un kilo de amoníaco y casi 2 kilos de metano, un gas que potencia el efecto invernadero tres veces más rápido que el CO2. Ese engranaje, indomable hasta la fecha, ocupó más de un tercio del suelo de todo el territorio para producir el alimento necesario que consumen sus animales. Las graves consecuencias medioambientales derivan básicamente de los purines, eso es, las deyecciones de los cerdos mezcladas con restos de pienso y con el agua que se usa para su limpieza.

 

Amoníaco

Los purines son materia orgánica con un alto contenido en nitrógeno. En contacto con el aire, originan un primer tipo de sustancia, el amoníaco (formado por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno). Al amoníaco se le añade un ion cuando interacciona con el agua, y genera amonio (NH4). Ambas sustancias se expanden particularmente en las granjas por su facilidad de asociación con otros elementos como los desechos animales o los restos de piensos. El aire es el vehículo que facilita a estas sustancias la entrada en contacto con las poblaciones vecinas, que bajo ley, que no se cumple, no deberían hallarse a menos de 500 metros de las naves. Este hecho provoca alteraciones que básicamente responden a su toxicidad. La principal consecuencia suele comportar afectaciones en las vías respiratorias. Cabe decir que el cuerpo humano genera un mecanismo de defensa respecto a sus efectos nocivos ya que lo diluye en urea y consigue, en pequeñas dosis, no así en grandes, convertirlo en aminoácido y expulsarlo. El amoníaco, como partícula de alta solubilidad en agua, se filtra con facilidad en los cursos y llega a otros seres vivos como los peces que no tienen tanta suerte. Por lo que se sabe, estos animales no han desarrollado todavía ninguna defensa parecida, causa por la cual su ingestión resulta en muchos casos mortal.

 

Nitratos

La materia orgánica también genera nitritos (NO2) por oxigenación, que pasan a nitratos (NO3) en función de la concentración de oxígeno. Estos nitratos se filtran en los cursos de agua subterráneos y generan altas concentraciones, superiores en muchos casos al que se considera límite máximo apto para la salud humana (50miligramos de nitrato por litro de agua). En Cataluña el 41% del total de las aguas subterráneas están ya contaminadas por nitratos (Ver Articulo revista ADDA Diciembre de 2017), cosa que significa que el agua corriente que llega a prácticamente la mitad de poblaciones no es apta para el consumo humano. Como veremos, esta ratio está aumentando al ritmo de la aceleración de la industria en muchas otras zonas, y la problemática repitiéndose en miles de municipios de la península. La alarma salta todavía más en informes como el que la Agència Catalana de l’Aigua elaboró en 2017. Este estudio concluye que las aguas subterráneas, aun en el hipotético caso que dejáramos totalmente de contaminar, seguirían con altos niveles de nitratos por un tiempo mínimo de 10 años. Cabe decir que los purines, a falta de una normativa firme, son normalmente almacenados en enormes balsas, y eliminados, en una gran parte, como abono en los campos. Las empresas y las administraciones señalan la validez y la alta productividad que genera este método de eliminación. Carlo Giacomelli, ambientalista y miembro de Ecologistas en Acción, advierte que “el purín no se puede tratar como un abono limpio porqué contiene sustancias derivadas de la producción industrial y nocivas para la salud como antibióticos y antiinflamatorios. Habría que gestionarlo como un residuo ya que, por más fertilizante que sea, siempre va a comportar una contaminación añadida. ”.

 

La invasión

La marea de estiércol, ya instalada en Cataluña, Aragón y Murcia desde los años 80, se ha venido expandiendo, paulatinamente, por territorios poco habitados, con poca capacidad de reacción, y nada susceptibles de oponerse a la autoridad competente donde esta aun goza del acatamiento mayoritario, bien por conformidad, bien por inercia, bien por miedo. En el ránking de la macro industria porcina, un entramado opaco que difícilmente enseñará sus entrañas, Aragón ya ha superado a Cataluña en el liderazgo, y ha pasado de los 4,5 millones de cerdos en 2006 a los 8,07 de noviembre de 2018. Castilla y León ocupa el tercer puesto. La provincia de Segovia ha alcanzado ya, gracias al impulso del último lustro, una concentración total de 1.250.000 cabezas de porcino. Le sigue la otra Castilla, La Mancha, que ha visto como, merced a las subvenciones y a las nuevas leyes aprobadas por la Junta, las demandas anuales de nuevas instalaciones intensivas aumentaban de las 3 de 2016 a las 35 de este pasado año. Andalucía también asiste, gota a gota, al crecimiento incontrolado. Las últimas dosis han llegado a Albox, un municipio de 11.000 habitantes de la provincia de Almería, que acogerá más de 2000 cerdos. La bestia de la contaminación y del maltrato animal más cruel y consentido tiene nombre y apellidos. Nos hemos puesto en contacto con cuatro empresas de manera reiterativa. Por correo. Por teléfono. Nadie contestó. Sólo una se excusó alegando que ellos no tienen nada que ver con la instalación de nuevas macrogranjas.

 

Stop Ganadería Industrial

Frente a eso, un ejército de voluntarios, héroes cotidianos en defensa de sus pueblos, de su salud, del medio ambiente, se alza desde hace 3 años, mediante trabajo voluntario, para defender la ganadería sostenible, la extensiva, la que ha perdido 6000 explotaciones en la última década, la que cría de manera respetuosa, y para proteger el medio ambiente, el bienestar animal y la salud humana, bienes jurídicos prioritarios y protegidos, en teoría, por la Constitución y por el mismo Código Penal (Ver artículos informe Antonio Vercher, revista ADDA junio y diciembre de 2018).

 

Plataforma Loporzano sin ganadería intensiva

Desde 2006 Aragón ha visto doblar el número de grandes instalaciones industriales ganaderas, que se concentran en zonas como la Litera, los Monegros, la estepa Zaragozana, y sobretodo la comarca de la Hoya, en Huesca.  En este último enclave, Loporzano lidera desde 2016, el único grupo de oposición de toda la comunidad. Rosa Díez Tagarro es su portavoz, y detalla como el Gobierno (PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida) no sólo frena el diálogo si no que ataca, desde la creación de la plataforma, para desmentir o menospreciar informaciones. “ Se nos pone en un punto de mira que acaba conllevando amenazas, insultos… se nos llama “neorrurales” para enfrentarnos al sector agrario. Sus intereses en la industria cárnica son tan grandes que utilizan muchos de sus recursos para atacar cualquier atisbo de oposición, sobretodo a través de los medios de comunicación”. La Plataforma ha realizado charlas informativas, redactado alegaciones, ha acudido a Bruselas. De momento ha conseguido que algunos pueblos, el último Sabiñánigo, incluyan en sus Planes Urbanísticos Municipales impedimentos por ley a las ampliaciones o concesiones de nuevas licencias para macrogranjas. Rosa, también ahora en calidad de portavoz de la Coordinadora Estatal, Stop Ganadería Industrial, que une entidades y pequeñas plataformas como la suya, confía que las sanciones de Europa por incumplimientos relativos a la contaminación por nitratos, amoníaco o bienestar animal, hagan mover al Ministerio de Agricultura. “Es verdad que en Aragón es tarde ya para revertir el daño hecho, pero los vecinos están cada vez más concienciados y dispuestos a luchar para cambiar el modelo”. La última polémica ha saltado en Binéfar. Roberto Pini, hijo de Piero Pini, acusado en Hungría de fraude fiscal y blanqueo de dinero, ha contado con el apoyo del Gobierno, que le instó a pedir subvenciones para la construcción de un nuevo matadero en Binéfar. La administración dice que creará nuevos puestos de trabajo en la comarca. La familia Pinni prometió 1600. De momento, sólo hay 30 trabajadores. De momento la delegada sindical es amiga de confianza. De momento Pini se ha servido de una falsa cooperativa, Servicarne, para contratar en condiciones de falsos autónomos sobretodo a personas de la Europa del Este.

 

Plataforma Pueblos Vivos de Zamora

 

Tábara es un municipio de la provincia de Zamora, en Castilla y León, que comprende diferentes núcleos. En Pozuelo ya funciona una granja de porcino con 2000 cabezas. En Santa Eulalia y en Moreruela nuevos proyectos acechan y de momento ya se ha aplanado el terreno y construido una balsa para purines. Emilia Román se percató en 2017 de estos nuevos movimientos de la industria porcina. Se informó y se organizó en una pequeña asociación que más adelante ha venido a integrarse en una plataforma conjunta provincial, Pueblos Vivos de Zamora, para poder coordinarse en la presentación de recursos, demandas y enmiendas. Se han reunido con alcaldes, Diputación y Gobierno (Juan Vicente Herrera, PP). “Cuando acudes a La Junta, te dicen que el asunto es competencia municipal y cuando hablas con los alcaldes te dicen que ellos no pueden hacer nada, y que en todo caso las competencias las tiene La Junta”. De momento, el único pronunciamiento a favor ha venido de la ciudad de Zamora, donde el ayuntamiento ha instado a rebajar las nocivas repercusiones para el ambiente de esas macroinstalaciones y a defender un modelo agrícola y ganadero familiar. El Gobierno, por su parte, sólo ha elaborado un informe, obligado por la Unión Europea, en el que se observa como ya más de 700 municipios rebasan el límite permitido de contaminación del agua por nitratos. El decreto se sigue esperando. La estrategia empresarial y el entendimiento con la primera línea política, mientras tanto, caminan sin freno. La administración debe exigir por ley un informe de impacto ambiental a las explotaciones que contengan más de 2000 cabezas de porcino. Las empresas, o bien empiezan con proyectos menores y después piden ampliaciones, o bien elaboran un informe falseado que pasa todos los filtros de la consejería pertinente. Como golosina, las grandes integradoras han prometido abono (purín) gratuito a los agricultores. Sólo algunos pequeños productores de ovino, de modelos extensivos, se han opuesto a la propuesta por las consecuencias nefastas que acarreará para suelos, pastos y acuíferos. En Zamora aun, como recuerda Emilia “hay mucho trabajo por hacer, porque persiste este concepto casi genético que entiende que la autoridad manda y no se la cuestiona. Es por este motivo que en muchos casos, las nuevas instalaciones industriales han venido impulsadas por los mismos alcaldes o por sus familiares, contra los cuales, la gente no se atreve a levantarse”.

 

Plataforma No Macrogranja en Pozuelo y Argamasón

En septiembre llegaba la gran noticia para esta plataforma, una de las 15 que ya operan en toda Castilla La Mancha. La vice consejería de Medio Ambiente archivó el proyecto para la construcción de una nueva granja de cría intensiva que contemplaba la presencia de 140.000 cerdos entre los pueblos de Pozuelo y Argamasón, en la provincia de Albacete. El movimiento vecinal recogió firmas, presentó enmiendas y preparó charlas para concienciar a los vecinos. Imma Lozano lidera la oposición desde noviembre de 2017. “En las primeras conferencias los vecinos hasta insultaban a los ecologistas. No comprendían que nos opusiéramos a la actividad primaria. Cuando empezamos a detallar los problemas que puede generar la gran industria para la salud humana entendieron que la ganadería hay que presentarla con nombre y apellidos, que una cosa es la producción extensiva, familiar, ecológica, sostenible, y otra de muy diferente son establos cerrados, donde se amontona el purín, donde los animales sufren condiciones atrozes y donde se incentiva la despoblación del medio rural y se acrecienta el paro”. En este sentido, y contradiciendo las maravillas de empleo y turismo que publicita la administración, los datos del Instituto Nacional de Estadística son claros: Garaballa, el municipio con mayor censo porcino de la provincia de Cuenca, 55.000 cerdos, ha perdido el 51 % de la población entre 2001 y 2017. Cancarix, Albacete, con 37.116 cerdos, la población se ha reducido un 28% desde 2017. Balsa de Ves, misma provincia, 98.183 cerdos, la reducción ha sido de un 40 % en el mismo periodo, y el paro ha subido del 9,7 % al 26,4 %. Mientras tanto la propuesta de moratoria que presentó el Grupo parlamentario de Podemos en la Junta de Castilla La Mancha, gobernada conjuntamente por el PSOE y por esta formación, sigue parada. Emilia asegura que, en conversaciones con miembros de Medio Ambiente de ese mismo grupo político “se nos cierra la puerta y se nos dice que si los nuevos proyectos presentados están dentro de la ley, ellos no pueden hacer ni harán nada”. A todo eso el Gobierno ya declaró hace dos años la ganadería como sector prioritario y a fecha 29 de enero acaba de modificar un decreto por el cual permite que la zona edificable dentro de los terrenos que ocupan las industrias extensivas pueda superar el 10% del total. Las subvenciones y los enormes incentivos y permisos promovidos por el ejecutivo que preside Emiliano García-Paje no cesan. La oposición y las manifestaciones tampoco. La última de ellas en Toledo, con la participación de centenares de personas. De momento, la Junta Superior de Justicia ha dado la razón a algunas demandas presentadas por plataformas relativas a licencias que Medio Ambiente ya había concedido. 

 

Dos macrogranjas desde dentro

Los testigos directos pocas veces salen a la luz y por ese mismo motivo mantendremos en el anonimato los dos consultados, uno de ellos trabajador en una granja intensiva de la provincia de Huesca, el otro, por el que empezamos, encargado de la limpieza de instalaciones en Aragón, hace 10 años, con una media de jornada diaria de 12 horas, sin ningún día de descanso y 600 euros mensuales de sueldo, un dinero que sólo llegó 4 veces en un año. La limpieza se hacía con agua a presión, sin gafas de protección. El purín salpicaba a los ojos y una sensación parecida a la conjuntivitis era permanente. Se limpiaban unas dos o tres granjas por jornada. Nunca hubo ninguna formación de prevención. Con las manos, sin tan si quiera guantes, se apartaban los restos superiores de desechos, purines, ratas y cerdos muertos. Todo el material de seguridad eran unas botas y un esparadrapo para la boca. Tales condiciones se aguantaban por la promesa, a cambio, de la concesión de papeles de residencia por parte del empresario. Unos papeles que nunca llegaron.

El primer caso es más reciente, a lo largo de 2018. La granja mantiene, porqué sigue su actividad, 3500 madres para cría, 500 más de las permitidas. El sueldo era normal y las condiciones correctas, 40 horas semanales con festivos y vacaciones. La prevención e información, nula. De los 12 trabajadores que comprende el complejo, ninguno recibió, como es menester, curso alguno de prevención de riesgos, de manipulación de productos químicos o de bienestar animal. Los antibióticos e antiinflamatorios los suministraba cualquiera y sin ningún criterio. Si un cerdo estaba cojo, inyección. Si un animal tenía mala pinta, otra dosis. Algunos trabajadores, por desconocimiento, mezclaban antibiótico con antiinflamatorio, y causaban infartos y muertes numerosas de animales. Se usaba sosa cáustica para la limpieza y la falta de formación provocaba, en incontables ocasiones, quemaduras a los empleados. La empresa no poseía permiso de contenedor para almacenar y transportar los cadáveres de los cerdos que no superaban las nefastas condiciones de sus celdas. Un fin de semana murieron 360 lechones por falta de ventilación. Muchas muertes se producían también al nacer. Los lechones necesitan luz continua durante tres días en sus primeras horas de vida, condición que no se aplicaba. A veces fallaban los motores de suministro, o no venía nadie de la integradora y los animales se quedaban sin comer. La iluminación exterior no era suficiente. Y a todo esto, nunca acudía ningún veterinario, simplemente de manera semanal un gestor de la empresa, daba cuatro instrucciones sin criterio acreditado. Todos los empleados, con más o menos dilación, pasaron por afectaciones respiratorias graves, producto de la inhalación continua de amoníaco.

 

Esta revista se ha puesto en contacto, vía teléfono y vía correo electrónico de manera reiterada a lo largo de más de un mes con las diferentes administraciones implicadas. Algunas se han excusado alegando mucho trabajo. Otras ni siquiera han contestado. El Gobierno de Aragón, Junta de Castilla y León, Junta de Castilla La Mancha, Junta de Aldalucía y alcaldía de Albox, no han contestado a las preguntas que se les requería.

 

Ong ADDA -Junio 2019


Relación de contenidos por tema: Animales de granja


Temas

Haz clic para seleccionar