Redacción. Febrero de 2012.—Las disposiciones en la Unión Europea, salvo poquísimas excepciones, si algo tienen en común, es que son lentas y llenas de burocracia, pues se deben tomar entre acuerdos políticos amenazados por los lobbys de presión de los sectores económicos, férreamente asentados en Bruselas. Y si el tema debe representar alguna mejora para los animales, los plazos ya se eternizan. El primero de enero de 2012 entraba en vigor una nueva normativa que pretende mejorar la situación de las gallinas ponedoras en situación de cría intensiva. Un método cruel que las explota hasta su extenuación. A partir de esta fecha las características de las jaulas —no dejan de ser una prisión— se veían modificadas, no tan solo en su superficie, por el número de gallinas, sino también por la incorporación de otros dispositivos que en algo favorecerían su bienestar. Hace una década —desde el año 2002— que estaba prevista, conocida y anunciada su implementación, después de un complejo y difícil proceso y si en la UE van lentos, en España, tratándose de animales, se superan y se apura al máximo la rentabilidad en el beneficio de la incógnita, pues llegado el momento… ya se alargarán los plazos y si se llega a un sine die, pues todo resuelto.

Para la UE ya ha llegado el momento de una llamada de atención. El gobierno español —junto con los países PIGS, esta vez ampliado— ya ha recibido un requerimiento, como preaviso a una importante sanción por la falta de adecuación de las normativas —se estima que tan solo un tercio escaso las cumple— que incrementaría, aun más, el volumen global de lo dispuesto para la inmediata implementación de las nuevas jaulas, que establecen una superficie de 750 cm² de espacio mínimo por cada gallina Además deben disponer de un nido, yacija, suelo físico y mayor altura. Hasta ahora cada gallina dispone de un espacio igual a una hoja de papel DIN A4 (21 x 29,7 cm²) con el suelo enrejado para así evacuar mejor sus deposiciones a costa de su sufrimiento. En fin, un lugar de tortura permanente para poner huevos día y noche hasta que por «falta de productividad» inicien el camino al matadero para hacer cubitos de carne.

 FORMACIÓN ÉTICA

Cualquier persona —burocracia aparte— es capaz de ser emprendedor en la avicultura intensiva. Es cuestión de disponer de capital, entrar en contacto con los abastecedores/constructores de las granjas, ubicar a los animales y empezar la producción. Una legislación laxa, la rutina y la busca de la mayor rentabilidad, solo tendrán como víctimas a quienes no pueden hablar ni quejarse, pero que están declarados por la UE y también la Ley catalana de Proyección de los Animales como seres sensibles y capaces de poder sufrir física y psíquicamente.

A este emprendedor —no se quiere generalizar—, ¿se le ha explicado que está «trabajando» con seres vivos que están protegidos? ¿Ha seguido o está interesado en conocer lo que significa el bienestar animal? Difícil sería que de forma voluntaria pudiese dedicarse a este trabajo, si se dispone de un sentimiento de compasión y respeto por los animales. Y si así fuese, es seguro que él mismo hubiese sido el primero en pensar en toda clase de mejoras para aliviar la situación de sus forzados huéspedes. Quizá ya sería el momento de darse cuenta que al igual que un edificio precisa de un arquitecto y un paciente de su médico, se regulase que cualquier empresario metido en el negocio de los animales destinados al consumo humano tuviese que pasar por una formación específica.

 AHORA QUEJAS Y LAMENTACIONES

Forma parte del género humano y es comprensible que ante las buenas temporadas, los buenos negocios, las sabrosas ganancias y los éxitos personales, la discreción, la prudencia y el silencio, sean los mejores consejeros. Y también es humano que ante cualquier traspié, inconveniente, disminución de los beneficios o nuevas trabas y dificultades, se haga pública la queja y si es necesario se clame propiciando un fin calamitoso para poder involucrar al mayor contingente del colectivo afectado. Ahora es el momento de los llantos, de la soga al cuello, del cese de la actividad, de la solicitud de subvenciones —a fondo perdido, mejor—, para movilizar a la opinión pública y crear un clima compasivo. En este caso por una directiva y normativa impuesta por Europa hace ya una década; ahora toca olvidarse de las cantidades ingentes de millones de euros con que la UE ha beneficiado a España, país, por ende, prolijo en agricultura y ganadería.

Hay que estar a las verdes y a las maduras. España es país miembro con plenos derechos y deberes en la UE y ha sido vital su ayuda para su desarrollo en muchísimos aspectos. Tampoco puede tolerarse que quienes con su esfuerzo económico —aunque sean una minoría— han adaptado sus instalaciones en cumplimiento de la normativa europea, se encuentren ahora con la competencia desleal de quienes poco o nada han hecho.