La ambigüedad de la ley catalana de protección, pendiente desde el año 1988 de la apari­ción de su reglamento, llena de excepciones, condujo a que desde el mismo departamento de Medio Ambiente se diera salida a unas circulares hacia los ayuntamientos, en las que no sólo no se prohibía la caza de perros y gatos, erróneamente llamados "asilvestrados", sino que se daba permiso para que las sociedades de cazadores locales (se adjuntaba impreso de solicitud) realizasen batidas con el fin de matarlos bajo el fuego de sus esco­petas. Estas instrucciones, muy festejadas por el colecti­vo cazador, conllevaron una serie de irregularidades que tuvieron como traca final la matanza indiscriminada de 81 perros y 125 gatos en el término municipal de Valls (Tarragona) a cargo de la Sociedad de Cazadores El Falcó, acto que fue denunciado por ADDA en el Juzga­do de Valls y ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona; ambos procedimientos aún en curso.

UN POCO DE HISTORIA

La forma cruel de matar a los animales abandonados en la perrera de Mataró (Barcelona) a cargo de la empresa contratada por el ayuntamiento, SACPA, se dio a conocer a través de la televisión; donde se pudo ver cómo eran gaseados, de forma brutal, los perros gracias a un vídeo facilitado por un trabajador de la perrera concienciado y apiada­do de lo que estaba ocurriendo. La alarma social que este hecho suscitó, no tan sólo en Cataluña sino en todo el Estado español, llevó al Departamento de Medio Ambiente de la Generalität a aprobar un Decre­to en el que se fijaban los métodos permitidos para sacrificar a los animales y se prohibía expresamente el utilizado por SACPA. No obstante, a lo largo de su articulado, nuevamente se recurría a la ambigüedad y a las excepciones. Desde un principio causó preocupa­ción en ADDA, pues durante su redacción ya expresó sus reparos de lo que podría ocurrir y, como era habi­tual, la administración no hizo caso. Y ocurrió. Máxi­me cuando el mismo Departamento, en una desafortu­nada circular, facilitaba la labor a las sociedades de cazadores para realizar batidas.

LAS TARJETAS LLEGAN POR MILES Y CONVENCEN

Los hechos de Valls, que no tuvieron la repercusión de los de la Protectora de Tarragona (véase ADDA Defiende los Animales n° 24), pero como resultaban de parecida magnitud, llevaron a ADDA, ante el hecho de que hasta entonces sus sugerencias no habí­an sido tenidas en cuenta, a lanzar una campaña local, en el ámbito de Catalunya, solicitando al Parlament catalán y al Conseller de Medio Ambiente el cambio inmediato de la legislación para que no pudiesen repetirse hechos tan impropios de un país que quiere llamarse civilizado. La campaña estaba configurada basándose en tarjetas de expansión en abanico. El resultado fue espectacular, pues miles y miles de ellas (se calcula cerca de 50.000) empezaron a llegar a sus importantes destinatarios: el Presidente del Parla­ment, el M. H. Joan Rigau, quien a través de su secre­taria acusaba recibo de ellas e informaba a los partidos políticos de la continuada reivindicación lanzada por ADDA. Poco a poco, pues la campaña se inició en el año 2000, los políticos, tomaron conciencia de esta necesidad y, finalmente, a propuesta del grupo ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), con la unani­midad del resto de todos los partidos, se instaba al Gobierno de la Generalität a que tan sólo los agentes rurales, técnicos del Departamento de Medio Ambiente y policías locales fuesen los competentes en la realización de las capturas, bajo supervisión facultativa de veterinarios, quedando expresamente no autorizada la intervención de cazadores y sus armas de fuego.

LA NUEVA LEY CATALANA EN PROYECTO

La ley aprobada en el mes de marzo del año 1988 (ley 3/88) fue la primera que apareció en España, creando, entonces, una gran expectación por su novedad y siendo muy bien acogida en el extranjero. Los mismos políticos fueron los primeros sorprendidos, pues no pensaron que una legislación sobre los animales tuvie­se más repercusión que tantísimas otras leyes que iban aprobando y que en su mayoría resultaban desconoci­das para los ciudadanos. ADDA, que intervino, pri­mero, en las presiones para que fuese promulgada y, después, en los últimos días de su aprobación, para lograr mejorar numerosos de sus artículos, ya indicó algunas deficiencias; pero mejor era conseguir algo que continuar en la carencia más absoluta: no se prohibían las corridas de toros, tan sólo se limitaban; se continuaba con las fiestas populares con animales (correbous); se autorizaba el tiro al pichón y las "excepciones" eran norma habitual. Era una ley de gato y perro ampliada hacia otros animales con limi­taciones. Lo más negativo eran, como siempre, las excepciones, ya que luego se convierten en lo habi­tual. Pasaba el tiempo y una cosa tan importante como es un reglamento que la perfeccionase, por más que se reclamaba, no veía su aparición. Y así hasta este momento. Han sido 24 años en los que la ley catalana ha ido languideciendo ante la falta de medios económicos y de entusiasmo por implementarla y a causa, también, de los continuos cambios de Conse­jeros de los departamentos a los que quedaba adscrita: primero al Departamento de Agricultura y luego, motivado por fuertes presiones de los animalistas, al de Medio Ambiente, donde tampoco se vieron cum­plidas las aspiraciones del sector.

Convencidos todos, políticos y animalistas, del envejecimiento de una ley que posteriormente se ha visto superada en ciertos aspectos por otras posteriores (la canaria prohibe las corridas de toros y en la Comuni­dad de Madrid se prohiben ciertas fiestas con anima­les), se decidió anunciar su renovación a finales del año 2000, y hasta ahora, a finales del año 2002, no ha empezado a discutirse en el Parlament, lo cual se haría tomando como base tres textos presentados por CiU (Convergencia i Unió), ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y PPC (Partit Popular de Catalunya), aunque este último texto es de mucha menor exten­sión. Distintos grupos animalistas, ADDA entre ellos, han sido llamados en comisión para expresar sus cri­terios, sin embargo otros colectivos, en concreto uni­versidades, veterinarios, cazadores y taurófilos, podrán expresar, igualmente, sus criterios.

Ong ADDA   Enero/Junio 2003