LA LEY CATALANA DE EXPERIMENTACIÓN

La ley catalana de protección de los animales fue la primera ley autonómica que se publicó en España. Era el año 1988. Su artífice fue Josep Miró i Ardévol, entonces Conseller del Departamento de Agricultura, Ganadería i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Fue, en su momento, una ley novedosa a pesar de que toleraba los correbous (fiestas populares con toros) y el tiro al pichón y limitaba las corridas de toros a las plazas ya existentes o "estables". Un tema tan importante como la experimentación, ampliamente reclamado por el estamento animalista, no fue contemplado, pues se iba a esperar -según un Anexo- al desarrollo de una futura ley que debería aparecer antes de cuatro años; o sea, como tope máximo en el año 1992. Pasado con creces este plazo, nada indicaba que la administración estuviese interesada en seguir adelante con el compromiso previamente adquirido. Una vez más, la insistencia del sector animalista, con ADDA y FEDAN al frente, inició campaña en demanda de algo que debía ser cumplido. Así las cosas, se acordó redactar un anteproyecto inspirado en la transposición de la Directiva europea sobre experimentación, asumida ya por España, y se consultó a las organizaciones que, desde hacía tiempo, estaban reclamando su aparición.

Hay que decir que ADDA, tras largas sesiones de trabajo con los entonces diputados del Parlament, Jordi Portabella (ERC) y Magda Oranich (IC), ambos sensibles con la causa animal, refino en lo posible el texto que se le presentó. Un punto era crucial: la presencia del sector animalista en la Comisión de Experimentación Animal, CEA, que debía autorizar los experimentos -no todos, pues gran parte, "por la puerta de atrás", se auto-autorizaban a través de los Comités Éticos de cada centro; o sea: un coladero reservado a los grandes-. En principio el texto decía que "se procurará" la presencia de representantes animalistas en la CEA, a pesar de que se pidió que se cambiase por "se garantizará". Como el tema días antes de la votación en el Parlament no se había resuelto, un representante de ADDA se presentó en el Departamento de Agricultura, DART manifestando que o se incluía esta palabra o "se iniciaría, de inmediato, una campaña internacional de descrédito a esta ley". Tan sólo horas antes, en los pasillos del Parlament, y gracias a la ayuda de Oranich y sus buenas relaciones con el partido en el gobierno (CIU), se aceptó este inciso en la Ley catalana 5/1995 de Protección de los Animales Utilizados para la Experimentación y otras finalidades Científicas. Fueron días intensos de mucha tensión para una victoria pírrica, como más tarde se comprobó.

La Comisión de Experimentación Animal, CEA, era el único lugar en que el sector animalista podría, mínimamente, intervenir; pues de las nueve plazas de que consta tan sólo una está "garantizada" para los animalistas. No obstante, representaba, al menos, una avanzadilla para conocer desde dentro ciertas estadísticas. Creencia errónea. La Administración en su implementación dio alas al concepto de confidencialidad. Los miembros de la CEA discuten sobre temas abstractos, pues ni conocen quién presenta el dossier ni cuantas veces, repetidamente, se ha solicitado el mismo experimento. Algo vergonzoso y atentatorio para la misma dignidad de los miembros de la CEA, a quienes, al menos, hay que reconocerles su prestigio, ya que de los 9 tan sólo dos -de la Administración- conocen la autoría de las solicitudes; todas han pasado por la censura del "Tipp-Ex".

Si a ello se le añade que los primeros cuatro años y medio de funcionamiento de la CEA, la persona que debía ocupar la plaza de los animalistas ¡fue propuesta y aceptada por la misma Administración!, que buscaba una persona cómoda a sus intereses y que públicamente ha justificado la experimentación; entonces puede llegarse a concluir sobre la incapacidad de la CEA para defender de forma eficaz a los miles y miles de animales que año tras año están sufriendo la atroz tortura de los experimentos.