El Ministerio de Obras Públicas y Transportes publicó en 1992 un informe titulado "Biotecnología y sociedad. Percepción y actitudes públicas", elaborado a partir de datos recogidos entre 1989 y 1990. En este documento, además de describirse la situación de la biotecnología española, se analiza el contexto histórico en el que se ha desarrollado la biotecnología moderna, sus campos de aplicación y las inquietudes sociales que su desarrollo despierta en toda Europa, detectadas a través de diferentes estudios estadísticos en varios países de la Unión Europea. Se señalan las preocupaciones de los grupos con intereses opuestos, como la industria y los grupos de presión (animalistas, ecologistas, consumidores) y las diferentes soluciones apuntadas por éstos para llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes. De especial interés es el estudio estadístico realizado entre la población española y las conclusiones que de él se pueden extraer acerca del grado de conocimiento y aceptación de la sociedad respecto a la biotecnología.

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO

El Gobierno español considera que la biotecnología es uno de los campos de mayor potencial de desarrollo científico y tecnológico en España. Por ello, y en vista del retraso español respecto a sus socios comunitarios, desde mediados de los años 80 se han aumentado progresivamente las inversiones para la formación de especialistas y dotación de las infraestructuras adecuadas. También se ha intentado implicar a la empresa privada, más dispuesta tradicionalmente a encerrarse en la investigación básica y a importar tecnología de multinacionales extranjeras.
España se ha beneficiado de diferentes programas puestos en marcha por la Unión Europea para intentar aunar esfuerzos y frenar la competencia de Estados Unidos, donde la empresa privada y el pequeño laboratorio lideran la investigación biotecnológica con fines comerciales, y de Japón, donde es el Estado quien estimula la inversión en este campo. En Europa, por el contrario son las multinacionales y el sector público la máquina que mueve la investigación biotecnológica. No hay que olvidar que el 40% de los productos manufacturados en los países industrializados tiene un origen biológico.

En 1990, de las 21 patentes otorgadas en España a productos desarrollados biotecnológicamente, sólo uno era para un equipo español, además público, el CSIC. En 1989, de los 15 solicitantes de patentes, la mitad eran del CSIC (7). El resto eran peticiones de empresas privadas, lo que demuestra que en España la participación pública es mayor que en otros estados. Madrid se llevaba el 65% por ciento de las patentes, en el sector público mayoritariamente, y Barcelona el 29%, en el sector privado, especialmente de empresas familiares que se dedican a la síntesis de productos químicos, pero no a la biotecnología. El 6% restante se repartió entre Málaga y
Valencia. Las patentes abarcan campos muy diversos, como por ejemplo las minipatatas, o las patatas resistentes a virus, biopesticidas, anticuerpos contra el virus de la gastroenteritis porcina, diagnóstico y terapia del cáncer y otras enfermedades. En 1988 había 1.500 investigadores repartidos en 312 grupos de trabajo. Un tercio investigaba en el campo de la agricultura y la alimentación (especialmente en Andalucía), un cuarto en el de la salud (biomedicina) y el 28% en investigación química básica, especialmente en Cataluña y Madrid, que se llevan el 71% de las inversiones.

DEFICIENCIAS

Todos los datos apuntan a que la biotecnología española está muy concentrada geográficamente, que existe poca versatilidad y poco interés del sector privado, a pesar de que las  empresas con potencialidad biotecnológica representan el 15% del PIB (Producto Interior Bruto). En conjunto, en opinión de la Administración, investigadores y empresas, falta infraestructura de investigación y desarrollo científico, falta coordinación entre el sector público y el privado, hay pocas empresas de servicios y equipos, la educación es eminentemente teórica, hay poca formación de técnicos profesionales, poca colaboración de la empresa privada con la universidad, y es difícil el acceso a las materias primas. Para solucionar esos problemas se creó en 1984 el Programa Nacional de Biotecnología y, en 1985, el Centro Nacional de Biotecnología, en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid en Cantoblanco. Sus prioridades científicas confesadas eran la mejora genética de especies vegetales, plaguicidas, vacunas, antibióticos, biotransformación de residuos o tratamiento de residuos industriales, entre otros, abarcando el campo médicoveterinario, agrícola, químico-farmacéutico, medioambiental, etc. Sus objetivos, aumentar las infraestructuras y la formación profesional, así como implicar a las empresas privadas. Con todo, el número de investigadores en relación con el PIB es inferior a la media comunitaria.

A pesar del déficit que sufre España en cuestión de biotecnología, en mayo de este año, la Comisión Nacional de Bioseguridad autorizó ensayos de campo con 20 organismos modificados genéticamente, mayoritariamente especies vegetales, como una variedad de tomate que madura más lentamente o una planta de tabaco resistente a herbecidas. En la actualidad existen cuatro organismos transgénicos, autorizados por la Unión Europea, cuya distribución y venta están autorizadas en España: dos vacunas, contra la rabia en los zorros y contra una enfermedad porcina, una variedad de tabaco y otra de colza más resistentes a herbecidas; una variedad francesa de maíz podría ser autorizada muy pronto.

SECTORES INFORMADOS

Los estudios realizados con grupos de hombres y mujeres profesionales con estudios superiores pero no relacionados directamente con la biotecnología revelaron el siguiente estado de opinión:

• Existe perplejidad, escepticismo y sensación de ansiedad frente a una tecnología de la que se conoce muy poco y que se desarrolla a un ritmo incontrolado hasta el momento.
• Incertidumbre respecto a la relación entre la naturaleza y la cultura humana, modificada profundamente por las nuevas tecnologías. Se señala la necesidad de abrir un debate ético, político y social.
• Actitud negativa frente a la arrogancia "creadora" del ser humano, que se otorga la capacidad de intervenir en procesos naturales para posteriormente patentar el material biológico como una propiedad privada. Demanda de un control social estricto frente a posibles abusos.
• Recelo frente al proyecto Genoma Humano y frente a los intereses económicos y políticos que pudiera esconder a pesar de estar avalado por la legitimación social que le concede su aplicación médica. Se temen las aplicaciones eugenésicas y se pide un respeto a la diversidad del patrimonio genético.
• Se percibe una posible amenaza a la privacidad e integridad individual por la posible creación de "bancos de datos genéticos".
• Se detecta desconfianza frente al monopolio económico de las grandes multinacionales petroquímicas, agroquímicas y farmacéuticas, por sus expectativas de lucro y la trivialización de la vida que ello representa.
• En general, se constata la necesidad de abrir un debate público que lleve a la creación de mecanismos de control internacionales imparciales que armonicen el progreso científico, el progreso social y la protección medioambiental, frente a un desarrollo mercantilista y sin escrúpulos.
• Se prevé el peligro de la posible aparición de un "imperialismo genético" a nivel internacional que reordene el sector industrial en todo el mundo, con sometimiento del Tercer Mundo a los intereses comerciales de los países ricos. En este caso, España se considera protegida de los abusos por el paraguas de la Unión Europea.
• En relación con el consumo, los sectores informados temen que se incrementen las diferencias socioeconómioas y se favorezcan ciertas tendencias genéticas en detrimento de otras, dejando de invertir en cuestiones más prioritarias.

SECTORES INTERESADOS

El análisis de la opinión de los grupos interesados, ideológicamente implicados, se llevó a cabo con la colaboración de periodistas, grupos ecologistas, asociaciones de consumidores, grupos feministas, colectivos religiosos, laboratorios químicos, farmacéuticos, investigadores en biotecnología, funcionarios públicos, ejecutivos industriales y el sector agrícola.A nivel social, hay consenso respecto a la necesidad de una gestión democrática de control de todo el proceso que fomente los aspectos positivos y evite los resultados negativos de la aplicación masiva de la biotecnología, garantizando la seguridad, fiabilidad y utilidad social. De lo contrario, existe el temor de topar con resultados catastróficos inesperados a corto o largo plazo, como lo ha sido el uso sistemático y masivo de CFC y el consiguiente deterioro de la capa de ozono, por poner sólo un ejemplo. Los sectores de la "oposición", animalistas, ecologistas y asociaciones de consumidores, reclaman la inversión en el estudio de los posibles riesgos y alternativas, además de exigir una gestión transparente y una información fiable y objetiva a la opinión pública que permita un debate social a gran escala. Por su parte, los investigadores y técnicos industriales afirman que la seguridad, eficacia y calidad de sus productos ya están de sobras garantizadas, y rechazan los temores de la opinión pública por considerarlos basados en el desconocimiento del tema. En un gesto corporativista, se quejan del exceso de burocracia, que en su opinión sólo les hace perder tiempo y dinero, y piden más dinero y libertad para investigar, pues, según ellos, uno de sus máximos objetivos es beneficiar al colectivo social, garantizando la creación de riqueza y por consiguiente el empleo. Se consideran suficientemente capacitados para ejercer un autocontrol y tachan las críticas e intervenciones externas de "injerencias", "obstrucción", "tergiversación" y "desinformaciones".

VOX POPULI

El Instituto de Estudios sociales Avanzados (IESA), del CSIC, diseñó en 1989 una encuesta enmarcada dentro de un proyecto transnacional titulado "Actitudes Públicas hacia la Biotecnología en Europa", auspiciado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, en el que también participaron Alemania, Francia y el Reino Unido.La encuesta, dirigida a evaluar el conocimiento de la opinión pública acerca de los beneficios y riesgos de la biotecnología, su actitud ética frente a su aplicación y su opinión respecto a su control, realizada por CIMOP, constaba de 12 preguntas y se realizó telefónicamente, entre 1.127 españoles mayores de 18 años residentes en las principales ciudades españolas, la mitad hom¬res y la mitad mujeres. 

Las conclusiones que extrajeron los expertos fueron las siguientes:

• Aunque se tiene una vaga idea de lo que es la biotecnología, las aplicaciones biotecnológicas son poco conocidas.
• Los efectos son considerados positivos entre los jóvenes, agnósticos y personas más instruidas. Los sectores religiosos oponen objeciones éticas a las aplicaciones y exigen un control y participación en él.
• Las mujeres son más pesimistas a la hora de evaluar el impacto ambiental y la hipotética solución del hambre en el mundo.
• Los hombres están más predispuestos al consumo de productos biotecnológicos y a las terapias médicas. Las mujeres se muestran recelosas frente al consumo de comida manipulada, aunque aceptan su aplicación para el diagnóstico de enfermedades.

LA SOCIEDAD FRENTE LA CIENCIA

Existe una falta de conocimiento y de familiaridad con la biotecnología por carencia de información suficiente y adecuada. Aunque, por término medio, se tiene una idea de lo que es la biotecnología y se asocia con los cromosomas y el ADN, el conocimiento resulta muy superficial cuando se intenta concretar un poco más. Además, la sociedad española, señala el informe, está especialmente sensibilizada debido a envenenamientos masivos como el caso del aceite de colza o las intoxicaciones por aplicación abusiva e ilegal de hormonas de engorde en el ganado (caso del clembuterol). Ello ha puesto a los consumidores en guardia, aunque también habría que tener en cuenta el aumento de la conciencia ecológica frente a la actividad industrial desenfrenada e incontrolada. El público se muestra en general a favor de la investigación, pero en contra de sus aplicaciones. Los jóvenes, que tienen más estudios y conocimiento sobre el tema, son los más entusiastas y confiados en el progreso ilimitado de la ciencia y la modernización. En general, se podría decir que las mujeres se oponen más que los hombres, los católicos más que los agnósticos y los menos instruidos más que el sector más informado. Sin embargo, destaca el informe, es precisamente del sector más informado de la población de donde han surgido los grupos que se han organizado como oposición frente a la biotecnología, especialmente los grupos animalistas, de defensa del medio-ambiente y consumidores.

ACEPTABILIDAD DE LA MANIPULACIÓN GENÉTICA
En términos generales, los objetivos sociaífes, económicos, políticos e ideológicos de la manipulación genética demuestran ser poco convincentes y éticamente cuestionables, especialmente en lo que concierne al genoma humano. 

• El 81,2% considera la ingeniería genética aceptable en plantas.
• El 78,4% la considera aceptable en bacterias.
• El 60,5% la considera aceptable en animales superiores.
• El 51,1% la considera inaceptable en células somáticas humanas.
• El 36,2%% la considera inaceptable en embriones humanos.

Respecto a la aplicación de la biotecnología para cría intensiva de animales de abasto, el 76% de los hombres y el 72% de las mujeres se muestran en contra, lo que demuestra que a pesar de estar a favor de la investigación en general, los consumidores se muestran recelosos frente a su aplicación con fines comerciales. En particular, los encuestados constatan que los medios de comunicación centran su información sobre biotecnologías en las a menudo polémicas técnicas de reproducción humana, pero poco o nada dicen acerca de las aplicaciones agrícolas (a pesar de que el 74% cree que la biotecnología es beneficiosa, el 44,9% reconoce no saber cuáles son sus aplicaciones). Además, el público dice fiarse más de la información facilitada por animalistas o ecologistas que de la facilitada por la propia industria.

PRUDENCIA

El público cree que el control del desarrollo científico y técnico no debe caer en manos del sector gremial industrial (a su favor sólo el 3,4%), debido a sus intereses económicos, y también muestra poca confianza en las administraciones españolas (22,8%), optando más bien por un control social dirigido por organismos internacionales (37,8%) o por comités éticos (15,2%). Entre las opiniones negativas, se considera que la biotecnología disminuirá los puestos de trabajo, perjudicará el medioambiente y la salud humana. Sin embargo, los españoles muestran en conjunto menos conciencia ecológica que otros países de la Unión Europea. Más bien se detecta un miedo intuitivo frente a una cuestión poco conocida y que no tiene respuestas simples, por lo que se prefiere actuar con prudencia.

NUEVA FÓRMULA

Los sectores críticos proponen la fórmula I+D= I+P, es decir, Investigación y Desarrollo sí, pero con Información y Participación democrática. Una información clara, divulgativa, objetiva y veraz, que fomente actitudes sociales responsables y permita la toma de decisiones respecto a las aplicaciones biotecnológicas, y la creación de un marco legal de control en el que todos los sectores especializados tengan la oportunidad de asesorar a los legisladores con sus conocimientos particulares. Para ello se considera indispensable una intervención de todos los sectores sociales implicados que equilibre los diferentes intereses: comerciales, de salud pública, medio ambiente y bienestar colectivo. Los sectores críticos señalan que el énfasis de los investigadores e industriales en los aspectos positivos de la biotecnología no se ven a menudo compensados con una información acerca de los riesgos. Sin embargo, todos los interesados reconocen la necesidad de llegar a un consenso que aporte la legitimación social necesaria para poder desarrollar su actividad.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Uno de los sectores que salen más mal parados es el sector periodístico, al que tanto los científicos e industriales como los grupos animalistas, ecologistas y de consumidores acusan de no tratar una información tan especializada con la debida rigurosidad, sino más bien tendiendo a la tergiversación, la trivialización y el sensacionalismo por motivos oportunistas, lo que se denomina "intoxicación informativa", informando únicamente de lo que llama la atención, de lo que vende. Se les acusa de "irresponsabilidad social", de actuar con criterios comerciales, marginando la ciencia y destacando sólo su aspecto impactante, manipulando la opinión pública. Los profesionales de los medios de comunicación se defienden denunciando la inaccesibilidad de la información real acerca de las investigaciones, punto en el que están de acuerdo las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) de la "oposición", y se quejan del "secretismo", a lo que los científicos replican con razones de confidencialidad por exigencias competitivas. Además, los periodistas reconocen la falta de especialistas y el desinterés del público en general, ya que, en caso de interés, se acude normalmente a las publicaciones especializadas.

CONCLUSIONES

En sus conclusiones, el informe del Ministerio de Obras Públicas y Transportes señala que, aunque la mayoría de los encuestados han oído hablar de la biotecnología, su conocimiento es precario y se desconocen las principales aplicaciones y sus implicaciones generales, fundamentalmente debido a la carencia de una información clara y útil acerca de las perspectivas, sus repercusiones económicas y las consideraciones éticas en salud humana y medio ambiente. En general, aunque se reconocen sus ventajas económicas, el beneficio médico y el aumento de producción agrícola que representa, se desconoce el reverso de la moneda, es decir, los posibles riesgos para el medio ambiente y la integridad biológica de las especies animales y vegetales.

ADDA ha querido con este resumen sobre la biotecnología en España acercar la información a los ciudadanos para que éstos sean capaces de formarse una opinión propia y puedan así comprender de qué hablan exactamente las asocia¬ciones de defensa del bienestar animal, los grupos ecologistas o de protección al consumidor cuando se refieren a los 
riesgos reales de las aplicaciones biotecnológicas, a sus trascendentales implicaciones éticas o a los enormes intereses económicos en juego.

LEGISLACIÓN EUROPEA

La Convención Europea sobre la Protección de Animales Vertebrados usados para Propósitos Experimentales u Otros considera un experimento la creación de animales transgénicos y su crianza, y estipula que en todos los casos ha de tener el mínimo de efectos negativos sobre el animal, que deben poder ser previstos en todo momento.
En 1989 se pusieron en marcha dentro de la Unión Europea los primeros proyectos de coordinación de diferentes programas para incentivar la investigación biotecnológica en Europa, para no perder el tren, a la cabeza del cual andaban los Estados Unidos. Así se crearon los programas ECLAIR (Investigación y desarrollo biotecnológico en el campo agro-industrial), el programa BRIDGE (Investigación Biotecnológica para la Innovación, Desarrollo y Crecimiento en Europa), y diversas comisiones que estudiaban las líneas más interesantes de investigación y el modo de financiarlas.
Por lo que se refiere a ingeniería genética y biotecnología en general, la Unión Europea aprobó en 1989 una directiva (89/556/EEC) que regula el comercio con embriones bovinos y otras dos en 1990, una para controlar la liberación al medio ambiente de animales modificados (90/220/EEC) y otra acerca de las medidas para prevenir el uso incontrolado de microorganismos modificados genéticamente, con prohibiciones específicas de algunas técnicas (90/219/EEC)! El Pacto Europeo para la Protección de los Animales utilizados en Agricultura fue enmendado en 1990 y, después de consultar los aspectos bioéticos, se incluyó la protección del bienestar animal en relación con la biotecnología y la investigación genética.

LA DIRECTIVA

En Europa, la polémica se ha centrado principalmente en la oposición a las patentes sobre genes, células, tejidos u órganos humanos, así como en las patentes de animales.
La cuestión más polémica ha sido la propuesta de una Directiva de la Unión Europea sobre Protección Legal de las Invenciones Biotecnológicas. Su borrador recorrió un largo camino de más de 6 años por diferentes Comités europeos, como el de Agricultura o el de Asuntos Legales, que estudiaron diferentes informes y escucharon a los expertos. La Directiva se diseñó para armonizar las condiciones para patentar inventos biotecnológicos en los diferentes países de la Unión, además de otros aspectos relacionados con ello, como el grado de protección conferida por las patentes y criterios restrictivos respecto a la patentabilidad de métodos que pudieran interferir con la integridad física humana. 

La propuesta, que incluía en principio la posibilidad de patentar organismos vivos, incluidos genes, células y tejidos humanos, encontró una fuerte oposición coordinada de más de cien organizaciones no gubernamentales y el voto en contra del mismo Parlamento Europeo, que se mostró mayoritariamente en desacuerdo con los intentos proteccionistas del Consejo en los diferentes debates sobre la cuestión que se llevaron a cabo. El Parlamento estimó que la propuesta de Directiva contravenía el Pacto Europeo de Patentes y además consideró que el asunto requería una reflexión ética pública. En diciembre de 1993 se pactó un primer texto, modificado en Febrero de 1994. El 23 de enero de 1995, el Comité conciliador, formado por 12 miembros del Consejo y 12 del Parlamento, acordó el texto definitivo en el que se especificaba qué partes en concreto del cuerpo humano no serían patentables. Concretamente, se prohibiría patentar el cuerpo humano en sí, sus partes u órganos, así como los procesos que pretendieran modificar la identidad genética del ser humano. La creación de Comités conciliadores fue prevista en el Tratado de Maastricht para casos de desacuerdo, y se utilizó por primera vez en esta ocasión. Ésta fue también la primera vez en que el Parlamento Europeo utilizó la nueva prerrogativa que le concede el Tratado de Maastricht de 1992, que le permite vetar legislación aprobada por el Consejo de Ministros, la principal institución intergubernamental europea.

VICTORIA TEMPORAL

El 1 de marzo de este año, con un último voto mayoritario del Parlamento (240 votos en contra, 180 a favor y 23 abstenciones), se rechazó el redactado final de la propuesta de Directiva pactada con el Consejo de Ministros, y, por tanto, la concesión de patentes sobre seres vivos manipulados genéticamente. A lo largo del proceso se hicieron tímidas modificaciones, como la prohibición de patentar invenciones que ofendieran el orden público, ni "aquellos procesos de modificación de la identidad genética de los animales que puedan causarles sufrimiento o minusvalías físicas sin reportar a cambio ningún beneficio al hombre o al animal, y los animales que resulten de esos procesos, siempre que esos sufrimientos o minusvalías infligidos a los animales en cuestión estén desproporcionados en relación con el objetivo perseguido". El texto final no hubiera permitido la concesión de patentes sobre terapias genéticas aplicadas a células reproductoras humanas, introduciendo nuevos caracteres permanentes heredables. Sin embargo, las garantías en favor de los animales introducidas por el Parlamento han sido a lo largo de estos años sistemáticamente ignoradas por la Comisión y el Consejo Europeos, más preocupados por proteger la competitividad e intereses económicos de la industria químico-farmacéutica europea frente a la competencia internacional.

Después del rechazo del Parlamento Europeo a la Directiva, las peticiones de patentes sobre seres vivos manipulados genéticamente quedan sujetas a la interpretación que la Oficina Europea de Patentes haga, casó por caso, del Pacto Europeo sobre Patentes (EPC), que firmaron en 1973 casi todos los miembros de la Unión Europea y que permite en principio patentar genes y animales, aunque de un modo ambiguo excluye aquellos casos que puedan alterar "el orden público". Este hecho no ha alarmado especialmente a la industria, que deseaba una Directiva que respondiera a las necesidades creadas por este campo científico en vertiginosa evolución y frente a las legislaciones japonesa y estadounidense, poco restrictivas en la concesión de patentes a las empresas multinacionales. La OEP ya ha concedido una patente sobre el Oncoratón y ha tendido a favorecer los intereses industriales, rechazando en algún caso alegaciones en contra de patentes por razones de moralidad pública.
De todos modos, la Comisión Europea no se ha dado por vencida y propuso en diciembre de 1995 una nueva Directiva que apenas difiere de la anterior, pues permite patentar partes del cuerpo. Además, dado el resultado tras el uso que hizo el Parlamento de sus nuevos poderes de veto, el Consejo estudia restringirlos de nuevo.