En el año 2010, después de una larga trayectoria iniciada en 2004 con el Fórum de las Culturas de Barcelona, así como la declaración de «ciudad libre de corridas de toros» y de que otros municipios se adhirieran y se consiguiesen miles de firmas solicitando su prohibición, se aprobaba por el procedimiento de una Iniciativa de Legislación Popular, ILP, la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, después de haber sido rechazada una petición similar en la anterior legislatura; además se modificaba la ley catalana de protección de los animales. Sin embargo, el buen nombre y el prestigio, que tal decisión mereció, se vieron enturbiados por otra ley que oficializaba los correbous, que no dejan de ser, especialmente en algunas de sus variantes, una crueldad para los toros que se utilizan en estos espectáculos populares, ya que no se matan, pero sí se maltratan.

Transcurrido un cierto plazo, el primero de enero del año 2011 quedaban suprimidas las corridas de toros en Cataluña. Parecía, entonces, que, por fin, y después de tantos años, un signo de progreso se instauraba. Se cerraba la plaza Monumental de Barcelona, la única residual, y quedaba inactiva a la espera de nuevos usos. Ante esta situación y como era de esperar, la presión de los intereses taurófilos empezaba a maniobrar intentando, por todos los medios, restaurar las corridas de toros. Al no ser posible en Catalunya debido a que la Comunidad tenía transferidas estas competencias y su máximo estamento, el Parlamento, así lo había determinado, recurrieron a la máxima institución española a través de otra ILP protaurina, para así revocar la voluntad expresada democráticamente por la mayoría de la ciudadanía catalana. Paralelamente, también el Partido Popular presentaba su oposición ante el Tribunal Constitucional. Con ambas tentativas en marcha, desde la perspectiva taurina, más rápida y positiva les resultaba la opción de la ILP, en una variante más sibilina, solicitando que las corridas de toros y la tauromaquia fueran consideradas como un Bien de Interés Cultural, BIC.

Ya existen como precedente otras recientes declaraciones de BIC en la Comunidad de Madrid y la de Murcia; en Valencia de momento no ha prosperado. A ello se le añadió la sorprendente declaración del anterior gobierno francés de Sarkozy y su ministro Mitterrand que incorporaba las corridas al «inventario de patrimonio cultural francés». Con todos estos preparativos se ha ido perfilando la ILP taurófila que entraba en el Congreso de los Diputados «por la puerta grande» (ver n.º 44 de esta publicación) y que se aceptaba para su tramitación el pasado mes de febrero de 2013, pendiente actualmente de su casi segura aprobación dada la mayoría parlamentaria de PP, partido que la respalda abiertamente.

La cuña de la misma madera

También se han iniciado nuevas modalidades de corridas de toros, ahora incruentas pero corridas, en un retorno solapado, con ínfulas de expandirse, en el Bajo Ebro catalán. De momento, desde el año pasado, bajo la denominación de tientas para turistas en ganaderías de la comarca de Alfara de Carles. Paradójicamente el mismo Departamento de Agricultura de la Generalitat, en lugar de cortar de plano y rechazar cualquier tergiversación del espíritu y la letra de lo acordado por ley, archivó las denuncias presentadas por la Comisión de Defensa de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona y la Fundación F. Weber suiza por considerar que «después de la investigación realizada, la modalidad taurina de tientas no vulnera el contenido de la ley». Con ello se acepta la denominación de tienta, a lo que sigue siendo una corrida de toros y que se utiliza para la prueba de agresividad en las dehesas, ignorando y vulnerando el articulo 6, letra f de la ley 28/2010 de la Protección de los Animales que prohíbe «realizar espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros». Con esta peligrosa brecha abierta y tolerada, ya existen otros proyectos de espectáculos semejantes en las cercanías de la ciudad de Barcelona.

Ante lo que se considera una contravención de la ley catalana de protección de los animales, varias asociaciones relevantes —entre ellas Ong ADDA— han enviado a las más altas instituciones catalanas y partidos políticos un manifiesto exponiendo la situación y solicitando que se pare de inmediato toda clase de espectáculos taurinos, sean los que sean y bajo el apelativo que se les quiera dar.

Ong ADDA  -Junio 2013