El impacto de la caza en España

ADDAREVISTA 54

El impacto de la caza en España

Roberto Oliveros

El área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción presentó en diciembre de 2016 el informe titulado «El impacto de la caza en España» que, junto con el documento divulgativo «7 verdades sobre el impacto de la caza en España», pretende clarificar con datos contrastados los impactos que la actividad cinegética produce sobre la biodiversidad, el uso y disfrute del medio natural y el respeto del bienestar animal. 

Para argumentar las conclusiones del informe, se ha recurrido a la compilación de más de ochenta citas bibliográficas y documentales derivadas de estudios técnicos, artículos, tesis doctorales y datos oficiales y/o publicados en diferentes medios de comunicación.

En España, la caza se ha convertido en un modelo de industria basado en proporcionar a una minoría de la población la posibilidad de «recrearse» matando animales pertenecientes a especies silvestres. En este modelo, lo que prima es obtener el mayor beneficio económico y personal posible, aun a costa de generar impactos más o menos reversibles pero siempre graves sobre la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas ibéricos.

En 2013, último año con datos oficiales en el momento de elaboración del informe, fueron expedidas 848.243 licencias de caza en España. Sin embargo, la caza se practica cada año por un decreciente número de personas, aunque, por el contrario, el sector en su conjunto se ha ido fortaleciendo como lobby social y económico representado en entidades como las federaciones, la Oficina Nacional de Caza, APROCA o ATICA, con un notorio afán proselitista de la caza y que se alimenta de la progresiva intensificación de sus diferentes modalidades.

En España, debido al impacto directo de la caza, que extiende sus modalidades e impactos por más del 80 % del territorio estatal, mueren cada año no menos de veinticinco millones de animales pertenecientes a especies cinegéticas y no cinegéticas. En esta cifra, no se considera la pérdida de biodiversidad derivada de los efectos indirectos de la caza por alteraciones en los hábitats de todo tipo de especies silvestres, incluidas las amenazadas. Aunque este último dato no se ha estimado, debe ser igualmente del orden de millones. 

El impacto sobre la biodiversidad lo propician tanto las modalidades ordinariamente reglamentadas (caza mayor, caza menor, control reglado de depredadores, silvestrismo, caza de la perdiz con reclamo, media veda o cetrería entre otras) como aquellos métodos excepcionales y los que por su escasa o nula selectividad y su alta eficacia son considerados ilegales. En este último caso, nos estamos refiriendo al impacto derivado de actividades que lamentablemente aún se hallan presentes en nuestros campos, como el silvestrismo, el empleo de cebos envenenados, el parany o las muertes ocasionadas por disparo.

Algunas de las actividades relacionadas con la práctica y la gestión cinegética, como el uso de venenos, el empleo de diferentes métodos de control de depredadores o el disparo directo, han tenido y tienen que ver con las causas de regresión de especies tan emblemáticas como el lobo ibérico, el oso pardo, el lince ibérico, el quebrantahuesos, el águila imperial, el águila perdicera o el milano real, todas ellas declaradas en peligro de extinción.

Todos los impactos sobre la biodiversidad indicados más arriba tienen una estrecha relación con el mercantilista proceso de intensificación que el sector cinegético ha venido propiciando para la actividad venatoria durante las últimas décadas. La caza intensiva y comercial, tanto en las modalidades de mayor como en las de menor, suponen graves desequilibrios en los ecosistemas. La sobrepoblación de ungulados en las fincas de caza mayor, buena parte de ellas rodeadas por vallados perimetrales, simplifican la biodiversidad vegetal y, a partir de ello, la del resto de los niveles de las pirámides tróficas que caracterizan nuestros ecosistemas. Además, son una de las primeras causas de expansión de enfermedades como la tuberculosis, de impactos no deseados siquiera para el mismo sector cinegético como la regresión de las poblaciones de perdiz roja, o del incremento de la accidentalidad derivada de colisiones de piezas de caza con vehículos en las carreteras que circundan los cotos. 

La intensificación de la caza de la perdiz en cotos que más bien parecen granjas funciona como coadyuvante para la aparición de efectos nocivos sobre nuestra biodiversidad, pues con la introducción de híbridos en los ecosistemas, de perdiz autóctona con chukar sobre todo, se pierde la pureza genética de los ejemplares autóctonos y se incrementa la presencia de depredadores.

Esta intensificación progresiva del sector cinegético también ha propiciado la propagación de especies exóticas y/o invasoras como el arruí, el muflón o la codorniz japonesa. La presencia de estas especies se traduce en notables pérdidas de la biodiversidad autóctona, daños económicos e incluso sobre la salud pública.

Para la mayoría de los expertos, la destrucción y alteración de los hábitats es el factor de riesgo más importante de extinción de especies y pérdida de biodiversidad. Los dos mecanismos que intervienen de una manera más importante en la destrucción y alteración de los hábitats son su propia fragmentación y la aparición del denominado «efecto barrera». Resulta obvio que la proliferación de vallados cinegéticos, la apertura de tiraderos y pistas en fincas de caza mayor y menor han hecho mucho más patentes las afecciones derivadas de la fragmentación del hábitat y la aparición del efecto barrera en el medio natural. Por otra parte, la intensificación de la actividad venatoria determina que, en la mayoría del territorio, se cace durante prácticamente todo el año, vulnerándose así los más básicos principios de sostenibilidad de la actividad e interfiriendo en la época de reproducción de todo tipo de especies silvestres, tanto cinegéticas como protegidas e incluso sobre las más amenazadas y en espacios protegidos. 

Ni siquiera nuestros espacios naturales más representativos, los parques nacionales, escapan al influjo de la actividad cinegética. En la actualidad, y de manera muy relacionada con las presiones que sobre las administraciones competentes ejerce el lobby cinegético, aún es posible la caza en los parques nacionales de Cabañeros y Monfragüe, y ello a pesar de que según la vigente ley de parques nacionales la caza es considerada como una actividad incompatible con la conservación de los ecosistemas en ellos representados debido a los notables y evidentes impactos que produce sobre la biodiversidad.

La caza no sirve para gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones. El lobby cinegético emplea reiteradamente el argumento de que su actividad se justifica como un elemento esencial para el control poblacional de especies que, como el ciervo, el jabalí, el corzo, la cabra montesa, el arruí o el muflón, pudieran suponer, de no practicarse la caza, un severo riesgo para la agricultura y la conservación, por ejemplo, de nuestra diversidad botánica. Este argumento resulta demagógico, pues es precisamente la intensificación de la gestión cinegética la que propicia, a través de la alimentación suplementaria, la construcción de bebederos artificiales, la presencia de vallados cinegéticos, la selección de la relación intersexual o la suelta directa de ejemplares de interés cinegético, la reproducción excesiva de todas estas especies con sus consecuentes efectos secundarios.

El modelo de caza actual, como se ha puesto en evidencia al recabarse multitud de casos en medios de comunicación, sentencias de tribunales superiores o informes, es proclive a la reiteración y recurrencia de situaciones irregulares en todo lo relativo al corte de caminos públicos, vías pecuarias y aprovechamiento preferente de montes de utilidad pública e incluso de los parques nacionales, en los que la conservación y el uso público del espacio natural deben ser preponderantes. Parece evidente e inevitable que la actividad cinegética suponga muchas y variadas interferencias (molestias, incompatibilidades, creación de situaciones de riesgo, etc.) con cualquiera de las múltiples actividades de uso público que los no cazadores desempeñan. Sean estas de senderismo, cicloturismo, recogida de setas, apicultura, ecoturismo, fotografía, educación ambiental u otras.

Un promedio de veintiocho personas muere cada año en incidentes que tienen que ver con el empleo de armas de fuego durante la práctica de la caza. Hay muchos cazadores que no respetan las zonas y distancias de seguridad. Tampoco comprueban debidamente hacia qué dirigen su disparo. O no tienen la destreza mínima para empuñar un arma, sea por edad, por embriaguez o por cualquier otra circunstancia que disminuya su aptitud física.

La caza no favorece el desarrollo rural y perjudica a otras muchas actividades. Entre todas las modalidades deportivas que se practican en España, hasta el 54,5 % de sus practicantes pudieran verse afectados negativamente por el ejercicio de la caza. La cual, según el Anuario de estadísticas deportivas del año 2015, solo se ve representada por un 2,6 % del total de deportistas. Si se considera además que en 2010 la población total española era de 47,02 millones de personas (según el Instituto Nacional de Estadística), se llega al llamativo dato de que tan solo el 1,69 % de la población pudiera estar condicionando las aficiones deportivas de hasta un 35,5 % de la población española. Parece pues evidente que la caza no solo no estaría favoreciendo el desarrollo del medio rural, sino que estaría limitando las posibilidades futuras de desarrollo de los entornos más deprimidos económicamente. No en vano mientras el número de cazadores ha venido disminuyendo durante las últimas décadas, el resto de actividades que se desarrollan en el medio natural vienen experimentando un crecimiento muy apreciable.

Muchas de las modalidades de caza, de hecho la mayoría de ellas, no respetan los principios más elementales del «bienestar animal» ni con los ejemplares pertenecientes a las especies objeto de caza ni con otros animales que, aunque tienen carácter doméstico o han nacido en cautividad, son empleados de diferentes maneras en la práctica de distintas modalidades (caza con galgos, cetrería, silvestrismo, tiro de pichón o codorniz, caza del zorro con perro de madriguera, caza con hurón, etc.). Tampoco las especies objeto de caza escapan a situaciones de maltrato, por ejemplo, los ciervos y jabalís, que, acorralados contra los vallados cinegéticos en huidas desesperadas, son a continuación lentamente masacrados en muertes agónicas por las jaurías de las rehalas o por el cuchillo del cazador.

En resumen, la práctica de la actividad cinegética en España requiere una profunda reflexión, en el seno de nuestra sociedad y en especial en aquellos grupos que ostentan el poder legislativo. Solo de este modo los intereses de la mayoría de la población, en el sentido de garantizar la sostenibilidad de los sistemas naturales, el disfrute del medio ambiente y el respeto de la ética asociada al bienestar del resto de los seres vivos que con comparten con nuestra especie este fantástico e insólito planeta, serán una realidad para las generaciones futuras. (Informe completo y documentos disponibles en http://www.ecologistasenaccion.org/article33359.html. Ecologistas en Acción. Castilla-La Mancha, mayo 2017).

Ong ADDA -Junio 2017


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