7 Verdades sobre la caza (Ecologistas en Acción)

ADDAREVISTA 54

7 Verdades

Sobre el impacto de la caza en España

La caza es motivo de una crítica y una controversia crecientes en España en los últimos años. Tanto desde el punto de vista ético, como de conservación de la biodiversidad o económico se pone en cuestión, y con razón, una actividad que se sustenta únicamente sobre la apetencia de un limitado colectivo de personas que disfruta por el simple hecho de matar animales.

El sector cinegético ha reaccionado a ello conformando un lobby con ramificaciones en el poder político y económico que busca desesperadamente la supervivencia de la caza y para ello está intentando crear una imagen de que la caza son garantes de la naturaleza, que son una herramienta para la gestión de poblaciones y que la caza es una actividad económica esencial para el medio rural. Sin embargo, la realidad es bien otra y para mostrarlo desenmascaramos las verdades que se ocultan tras esa buena cara que se pretende transmitir.

Verdad 1

La caza consiste en matar animales por diversión o por negocio

La caza en España, lejos de ser un medio de subsistencia, se ha convertido desde hace muchísimo tiempo en una simple actividad de ocio y comercial basada en proporcionar a una minoría de la población la posibilidad de divertirse matando animales silvestres.

Sobre el hecho de divertirse capturando animales se han sustentado, por un lado, una actividad mal llamada deportiva y de competición, en la que prima exhibir el mayor número de piezas cobradas y los mejores trofeos. Y, por otro, otra de carácter comercial que hace negocio a partir del turismo y de las granjas cinegéticas.

Como actividad cada día más industrializada, lo que prima es obtener el mayor beneficio económico posible, aún a costa de generar impactos graves sobre el equilibrio ecológico, masacrar o maltratar animales o perjudicar el desarrollo de actividades sostenibles en el medio natural.

Tras el llamado “boom cinegético español” que tuvo su máxima expansión a finales de los años 80, las licencias de caza han ido disminuyendo desde entonces entorno al 40% hasta las 848.243 expedidas en 2013 (último dato oficial disponible). El número de cazadores actual en todo caso sería menor, pues han disminuido aún más y una misma persona puede tener más de una licencia. Menor aún es el número de cazadores federados, que en la actualidad sería del orden de 330.000 personas.

Dentro de este colectivo tradicionalmente ha existido una diferencia entre el cazador de caza mayor y el cazador de caza menor. El cazador de mayor practica una caza más “elitista” con un alto componente social de “prestigio”, pertenece a clases más pudientes, con niveles de estudios más avanzados y profesiones liberales. El cazador de menor practica habitualmente una caza de carácter más local, pertenece a clases con niveles de estudios medios o básicos y profesiones normalmente relacionadas con el sector primario.

Pero en ambos bandos hay excepciones. Hay un tipo de caza mayor que se ha socializado, por ejemplo la del jabalí; al igual que hay un modelo de caza menor, singularmente los ojeos de perdiz y las tiradas de faisanes, que sólo ha estado y está al alcance de personas con cierto nivel económico.

Si bien es verdad que la caza en España la practica cada año un menor número de personas, el sector en su conjunto se ha ido fortaleciendo como lobby social y económico, reaccionando así a la creciente concienciación medioambiental del conjunto de la sociedad. Este grupo de presión está formado por diferentes personas jurídicas como las Federaciones nacionales y autonómicas de caza, APROCA, ATICA o la Oficina Nacional de Caza, y personas físicas, por lo general adineradas, como grandes propietarios de fincas, banqueros, empresarios, aristócratas, políticos y miembros de la judicatura y de las fuerzas de seguridad. Su labor en los últimos años ha destacado por los ataques a las normativas de protección de la naturaleza y de protección animal a escala europea y estatal y por una ausencia total de autocrítica de las malas prácticas.

No existen estudios oficiales completos y fiables sobre el volumen de dinero que mueve la caza en España. La única revisión completa al respecto es de iniciativa privada (Fundación FAES 2007) y cifra los beneficios que genera la caza en más de 2.750 millones de euros. Sin embargo, el propio sector La caza consiste en matar animales por diversión o por negocio reconoce a través de sus representantes un gran oscurantismo en la contabilidad y la fiscalización de los dineros de la caza. El expresidente de la Federación española de caza, Andrés Gutiérrez Lara, señalaba en 2004 que además de ese dinero la caza movía otros seis mil millones más en dinero negro, sin facturas. Probablemente en la actualidad la situación sea algo diferente, lo que no ha cambiado es la ausencia de unos informes económicos que ofrezcan transparencia en una actividad que en los últimos años ha sido refugio de grandes fortunas y empresarios del dinero fácil y que se han lucrado empleando empresas pantalla y paraísos fiscales.

Verdad 2 

La caza no es compatible con la conservación de la biodiversidad

En España, debido al ejercicio directo de la caza y según estadísticas oficiales mueren cada año del orden de 25 millones de animales (MAGRAMA 2013 y datos propios). Este dato se relaciona con que es una actividad ejercida por unos 800.000 cazadores y que se extiende por más del 80 % del territorio nacional. En esta cifra no se considera la pérdida de biodiversidad derivada de los efectos indirectos de la caza por molestias, caza furtiva e ilegal, sueltas, introducción de especies exóticas, o por los daños que se inducen en los hábitats por vallados, caminos, tiraderos, caseríos, aeropuertos, embalses y otras infraestructuras.

El impacto sobre la biodiversidad lo propician tanto las modalidades reglamentadas en las diferentes comunidades autónomas (caza mayor, caza menor, control reglado de depredadores, caza de la perdiz con reclamo, caza intensiva, media veda, descaste de conejo, cetrería, etc.) como aquellos otros métodos que por su escasa o nula selectividad y su carácter masivo son considerados ilegales. En este último caso nos estamos refiriendo al impacto de actividades que, lamentablemente, aún se hallan presentes en nuestros campos, como el empleo de cebos envenenados, lazos, cepos, el silvestrismo, el parany o las muertes ocasionadas por disparo sobre especies no cinegéticas o sobre especies cinegéticas durante las épocas no hábiles.

Gran número de sanciones y sentencias ponen de manifiesto los daños sobre la biodiversidad que provocan distintas prácticas cinegéticas, incluso algunos métodos legalizados. Las condenas y sanciones por uso de venenos en cotos de caza se incrementan de año en año. Los recursos en los tribunales están poniendo en tela de juicio la media veda de la tórtola o de la codorniz, la caza de perdiz con reclamo o la caza de exóticas e invasoras. Y Europa ya ha puesto coto al silvestrismo o al parany.

Algunas de las actividades relacionadas con la práctica o la gestión cinegéticas como el uso de venenos, el empleo de diferentes métodos de control de depredadores o el disparo directo afectan aún a día de hoy a especies tan emblemáticas como el oso pardo, el lince ibérico, el lobo ibérico, el quebrantahuesos, el águila imperial, el águila perdicera o el milano real, todas ellas declaradas en peligro actualmente bien en ámbitos estatales, autonómicos o en ambos, y en algunas zonas extinguidas por la mano del cazador.

Ni siquiera nuestros espacios naturales más representativos, los parques nacionales escapan al influjo de la actividad cinegética. En la actualidad, la caza goza de una moratoria hasta 2020 para seguir activa en los parques nacionales y singularmente en los de Cabañeros y Monfragüe, a pesar de que según la vigente ley de parques nacionales la caza es considerada como una actividad incompatible con la conservación de estos ecosistemas únicos. Las afecciones generales de la caza a la biodiversidad se extienden también a la Red Natura 2000 en cuya superficie, que abarca cerca del 30 % del territorio estatal, se permite la actividad cinegética incluyendo en muchas ocasiones las modalidades más agresivas e intensivas.

Verdad 3  

La caza convierte los cotos en granjas intensivas y en campos de tiro

La caza se ejerce cada vez más sobre animales criados en granjas y liberados en los cotos para su captura inmediata. Son las modalidades denominadas intensivas y que se desarrollan tanto sobre especies de menor como de mayor.

En España, en 2013 se soltaron en los cotos intensivos 1.350.000 ejemplares de perdiz roja procedentes de granjas, lo cual viene a suponer el 55,7 % de las perdices que se mataron ese año. La intensificación de la caza de la perdiz en cotos, aparte de resultar insostenible, viene asociada a la aparición de efectos muy nocivos sobre nuestra biodiversidad tales como la introducción de híbridos de perdiz autóctona con chukar que contaminan genéticamente y desplazan a los ejemplares autóctonos. También en los intensivos es donde se produce un uso y un abuso más intenso de los métodos legales e ilegales de control de predadores para hacer frente al desequilibrio que ellos mismos provocan al atraer con las sueltas a un mayor número de depredadores oportunistas.

La caza intensiva y comercial, tanto en las modalidades de mayor como en las de menor supone graves desequilibrios en los ecosistemas desplazando y dañando a las poblaciones autóctonas.

Otro ejemplo es la sobrepoblación de ungulados singularmente de jabalí y de ciervo fomentadas también por sueltas y por prácticas como la alimentación suplementaria. En las fincas de caza mayor, buena parte de ellas rodeadas por vallados perimetrales, el ramoneo simplifica la biodiversidad vegetal y la del resto de los niveles del ecosistema. Además, son una de las primeras causas de expansión de enfermedades como la tuberculosis, de impactos no deseados, como la regresión de las poblaciones de perdiz roja o de conejo y del incremento de la accidentalidad derivada de colisiones de piezas de caza con vehículos.

Esta intensificación progresiva del sector cinegético también ha propiciado la propagación de especies exóticas y/o invasoras como el arruí, el muflón o la codorniz japonesa.

Verdad 4 

La caza no sirve para gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones

El lobby cinegético emplea reiteradamente el argumento de que su actividad se justifica como un elemento esencial para el control poblacional de especies que como el ciervo, el jabalí, la cabra montés, el arruí, el muflón, el corzo o el conejo que en determinadas circunstancias pueden suponer un riesgo o daño para la agricultura, para la seguridad vial o para la propia conservación del medio natural.

Este argumento resulta demagógico e incierto por dos motivos. Por un lado, es precisamente la intensificación de la gestión cinegética la que propicia en buena medida mediante sueltas, la alimentación suplementaria o la instalación de vallados cinegéticos una sobrepoblación excesiva de una parte de esas especies con sus consecuentes efectos secundarios.

Por otro lado, y como bien se argumenta en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el decreto de especies invasoras que recientemente ha resultado favorable a las peticiones de las asociaciones ecologistas, la caza nunca va a ser eficaz para controlar lo que es el objeto sustancial de su actividad, pues lo que le interesa es que haya siempre animales sobre los que ejercer tal actividad y, en su caso, obtener unos beneficios económicos. La sala del TS dice al respecto: “Está en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las especies catalogadas [como exóticas e invasoras], más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo inequívoco de la LPNB“.

Así, los cazadores de especies de caza mayor centran todos sus esfuerzos e inversión en cazar machos, pues éstos son los portadores de los trofeos que alimentan su afición. Por ello, no son adecuados para ejercer el control de poblaciones, bien al contrario, su actuación las descompensa al eliminar los elementos más vigorosos y mejor desarrollados, destinados a dejar mejor descendencia.

La caza, hasta la fecha, no consta que hay servido para controlar adecuadamente ninguna población cinegética, al contrario, ha provocado más desequilibrios y daños. Y sólo ha resultado tristemente eficaz a la hora de combatir especies predadoras, llegando a llevar a muchas de ellas a la extinción o a graves problemas de conservación.

Verdad 5

La caza limita los derechos de la mayoría de los ciudadanos

La Constitución Española, en su artículo 19, reconoce a las personas que gozan de la ciudadanía española la libertad de circulación. Por otra parte, el artículo 45.1 reconoce a los ciudadanos/ as españoles/as el derecho al disfrute del medio ambiente. El artículo 132.1 de la Constitución, la Ley de Régimen Local y las Leyes de Patrimonio de las Administraciones Públicas y Vías Pecuarias señalan que los caminos públicos, al igual que las vías pecuarias, los dominios públicos hidráulicos y los montes de utilidad pública son “inalienables, imprescriptibles e inembargables” y tienen como fin primordial el uso público y el desarrollo de actividades compatibles de desarrollo rural.

La caza, sin embargo, viene provocando numerosas situaciones que atentan contra estos derechos y actividades como se ha puesto en evidencia en multitud de casos denunciados por todo tipo de colectivos y entidades. Las denuncias afectan al corte de caminos públicos, cauces o de vías pecuarias, a permitir que la caza sea aprovechamiento preferente en montes públicos e incluso en espacios protegidos o al intento de sancionar posibles molestias involuntarias a las especies de caza, como la que todavía está vigente en la actual ley de caza de Castilla-La Mancha.

Hay muchos cazadores que no respetan las zonas y distancias de seguridad. Tampoco comprueban debidamente hacia qué dirigen su disparo, de hecho no es raro ver a cazadores disparando en dirección a caminos o carreteras. O no tienen la destreza mínima para empuñar un arma, sea por edad, por embriaguez o por cualquier otra circunstancia que disminuya su aptitud física.

Un promedio de 28 personas mueren cada año en incidentes que tienen que ver con el empleo de armas de fuego durante la práctica de la caza. Y no todos los casos afectan en exclusiva a aquellas personas que la ejercitan. Situaciones con consecuencias físicas, incluso mortales, por disparo ya se han producido (un recolector de setas murió en Casavieja, Ávila, en 2014, un recolector de casta- ñas falleció en Tedejo, León, en 2012, un ciclista resultó herido en Berrocalejo de Aragona en 2012). Y cada año crecen las denuncias por corte ilegal de caminos con cables o barreras que han provocado accidentes a ciclistas y personas a caballo.

Verdad 6

La caza no favorece el desarrollo rural, perjudica a otras muchas actividades

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% del territorio nacional forma parte de algún coto de caza y que durante la mayor parte del año se vienen practicando sobre los territorios acotados diversas modalidades de caza, parece evidente e inevitable que la actividad cinegética dé lugar a muchas y variadas interferencias (creación de situaciones de riesgo, molestias, limitaciones de hecho, etc.) con cualquiera de las múltiples actividades de uso público que los no cazadores realizan en el medio natural. Cada año con mayor frecuencia y asiduidad, se desarrollan en el medio natural actividades como el senderismo, el cicloturismo, la equitación, recogida de setas, apicultura, ecoturismo, fotografía, educación ambiental, etcétera, que se ven afectadas por la caza.

Siendo evidente que la caza obstaculiza y pone trabas a otras actividades que se desarrollan en el medio natural, hay que destacar también, como pone de manifiesto un reciente estudio publicado sobre los montes andaluces que las actividades de autoconsumo ambiental, uso recreativo y conservación de la biodiversidad amenazada son más rentables que la caza en términos económicos (Campos et al. 2014).

Es decir, al contrario de lo que predica el sector cinegético, la contribución de la caza al desarrollo rural es minoritaria en relación a la que aportan el resto de aprovechamientos del monte.

La caza no solo no estaría favoreciendo el desarrollo del medio rural, sino que estaría limitando las posibilidades futuras de desarrollo de los entornos más deprimidos económicamente, ya que mientras el número de cazadores ha venido disminuyendo durante las últimas décadas, el resto de actividades que se desarrollan en el medio natural vienen experimentando un crecimiento muy apreciable.

Verdad 7

La caza no solo mata, también maltrata

Obviamente la caza no respeta el derecho más elemental de los animales, la vida. Pero, además, muchas de las modalidades de caza no respetan siquiera los principios más elementales del bienestar animal ni con los ejemplares pertenecientes a las especies objeto de caza ni con los animales domésticos que son empleados en la práctica de distintas modalidades tales como los galgos o los perros de rehala.

Se estima que al finalizar la temporada de caza, cerca de 50.000 galgos son abandonados en España cuando sus propietarios determinan que no sirven para cazar. Tampoco es infrecuente el encontrarlos ahorcados o arrojados a pozos, como pudo registrarse en 2009 en la localidad toledana de Villatobas, en la que aparecieron más de un centenar de ejemplares ahorcados en un “colgadero oficial”. Mala suerte corren también multitud de perros de las rehalas cuando heridos en las refriegas propias de los agarres de ciervos y jabalís o simplemente cuando no han llegado a tiempo a la llamada de los rehaleros, quedan a su suerte tras las monterías para morir de hambre, de sed y de infecciones por las heridas recibidas.

Tampoco las especies objeto de caza escapan a situaciones de maltrato o de crueldad. Así ocurre con los zorros que son cazados con perros de madriguera, los jabalís cazados con lanza, la masivas tiradas a faisanes, codornices o pichones, o las situaciones generadas en las monterías al estamparse ciervos o gamos contra los vallados cinegé- ticos en huidas desesperadas para ser a continuación lentamente masacrados en muertes agónicas presa de las jaurías de las rehalas.

El tiro al pichón de palomas y codornices es igualmente una modalidad cruel y masiva que tiene incluso el rechazo de gran cantidad de cazadores. Cada año unas 450.000 aves de ambas especies mueren a consecuencia de esta práctica en los múltiples campeonatos que se celebran a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas de ellas, tras ser lanzadas por una máquina, cual si de platos se tratara, mueren tiroteadas en el acto, aunque la peor parte se la llevan aquellas que reciben una rociada de plomo sin llegar a morir instantáneamente y no son rematadas hasta que finaliza la competición. Una vez que se procede a su recogida, se las ejecuta con un golpe en la cabeza o directamente a patadas.

 Especialmente llamativo resulta que en la mayor parte de las normativas cinegéticas se considere a los perros y gatos abandonados objeto de captura por parte de cazadores mediante disparo o trampas, sin que se les aplique la ley de protección animal. Esta medida lleva a la muerte a miles de animales domésticos sin apenas control por parte de las administraciones.

* Autorizada su reproducción por gentileza de Ecologistas en Acción. Sede Central,  Madrid.

Ong ADDA -Junio 2017


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