Excelentísima Señora:

En mi condición de ciudadano, hombre de derecho y amante de los animales, quiero hacerle partícipe de mi enorme preocupación por los daños irreparables que están causando los incendios forestales en nuestro país, no tan sólo a árboles, plantas y animales -que mueren horriblemente a miles, ayudando a la extinción de nuestra fauna autóctona-, sino al mismo ser humano. El estudio de estos siniestros demuestra que la mayoría son provocados, y a nadie escapa que su verdadero origen es la voracidad de las empresas madereras e inmobiliarias, aunque, sin duda, dentro del campo mercantil y económico, la mayor responsabilidad corresponde al afán del sector de la construcción. Así, están proliferando urbanizaciones, muchas de ellas ilegales o permitidas por ayuntamientos que ceden ante presiones monetarias. La actuación de estas mafias se pone de manifiesto cuando se registran simultáneamente cuatro o más focos en un incendio. Un pirómano no puede desplazarse ni actuar con esa rapidez. Son gentes contratadas que actúan con la tranquilidad de que el castigo como máximo será una temporada en la cárcel, de la que pronto salen gracias a nuestro sistema penitenciario, y quedará compensado por la remuneración percibida. Por ello las condenas deben ser suficientemente disuasorias, sin posibilidad de reducción. Y, por supuesto, deben extenderse a los empresarios o grupos económicos que induzcan a cometer tales delitos. La medida más eficaz contra estas actividades sería prohibir la recalificación de los bosques quemados para impedir que puedan urbanizarse, al menos durante un período de 50 años. Esta prohibición debe regularse mediante una norma estatal, ya que, puesto que es un problema nacional, una normativa dispersa no contribuiría a solventarlo.

Para aplicar las normas es necesario disponer de una estructura de vigilancia, e inmediatamente debe demolerse lo construido, pues así se evita que un entramado de recursos y vericuetos procesales impidan que la ley se cumpla. No estaría de más que tanto estos incendiarios a sueldo como aquellos que los instigan saliesen de la cárcel bajo vigilancia en momentos precisos para colaborar en primera línea en las tareas de extinción. Por otra parte, el Estado debería ser el propietario de la madera afectada por los incendios, y evitar su corte, transporte y comercialización. Ninguno de estos objetivos puede ser alcanzado sin una toma de conciencia, que debe adquirirse en la familia y la escuela. La educación es básica, ya que son numerosos los incendios provocados por negligencias.
Por ese motivo, y teniendo en cuenta que España es un país de estíos de calores caniculares y prolongadas sequías, deben reforzarse una serie de medidas, como prohibir que se encienda fuego en el bosque, al menos durante los meses de julio y agosto, y ser muy restrictivo con el arrojo de objectos desde los automóviles como botellas y colillas encendidas. por ultimo, no podemos desechar la idea de calificar estos siniestros como un acto terrorista, ya que no solo afectan al orden ecológico o natural en vive el hombre, sino que alcanzan a viviendas de ciudadanos que, aterrorizados, tratan de salvaguardar lo que es suyo.

Le ruego que considere Vd. cuanto antecede como una sincera colaboración a su ingente labor. La prevención, la mejor medida contra los incendios.

Manuel Muñoz Peces-Barba (Presidente de la Asociación de Animales y Plantas de Madrid)

Ong ADDA  Diciembre 2004